El consejero de Fomento, Miguel Marín, ha aclarado cuál es el enfoque del Gobierno de la Ciudad respecto al antiguo Conservatorio. En sus declaraciones, Marín ha señalado que se trata de un edificio “de la ciudad” y que, por tanto, “como no puede ser de otra forma”, el Ejecutivo local va a intervenir sobre él. No obstante, el consejero ha enmarcado esa actuación en un contexto de priorización de recursos, insistiendo en que el presupuesto municipal debe repartirse “de la manera más eficiente posible” porque “los recursos de la ciudad son recursos limitados” y no existen “recursos ilimitados”.
Marín ha explicado que la intervención sobre el inmueble se contempla, en esencia, a través de dos vías. La primera consistiría en una actuación directa por parte del Gobierno de la Ciudad, con el objetivo de adaptar el edificio a un uso que se considere necesario “en esos momentos para la ciudad”. La segunda opción pasaría por sacar el inmueble a venta o permitir que un privado se haga cargo del mismo, asumiendo la actuación necesaria en el edificio.
El consejero ha apuntado que ambas alternativas están actualmente sobre la mesa y que se está valorando cuál de las dos se ejecutará. En cualquier caso, ha reiterado que la decisión final dependerá de la capacidad de la Ciudad para priorizar actuaciones, especialmente en un escenario donde, según ha recordado, existen compromisos paralelos en materia de vivienda que requieren una parte significativa del presupuesto.
Miguel Marín ha enmarcado su explicación sobre el antiguo Conservatorio en una idea que, según ha dicho, es aplicable a la gestión pública en general: “aquí al final es como todo, tenemos que priorizar”. En esa línea, ha sostenido que el antiguo Conservatorio es un inmueble que pertenece a la Ciudad y que, por esa razón, el Gobierno local actuará en él.
La declaración de que se intervendrá sobre el edificio se acompaña, sin embargo, de una reflexión sobre la disponibilidad real de recursos. El consejero ha subrayado que la Ciudad no cuenta con una capacidad presupuestaria ilimitada, lo que obliga al Ejecutivo a establecer prioridades y distribuir el gasto de manera estratégica.
Marín ha insistido en que el presupuesto de la Ciudad debe repartirse atendiendo a múltiples necesidades y compromisos, y que esa distribución debe hacerse “de la manera más eficiente posible”. Bajo este marco, la intervención del antiguo Conservatorio se presenta como una actuación prevista, pero condicionada a los equilibrios generales del gasto municipal.
En su aclaración, el consejero ha detallado que el Gobierno de la Ciudad contempla dos vías concretas para el antiguo Conservatorio. La primera, según ha explicado, sería una actuación directa por parte del Ejecutivo local. Esa intervención estaría orientada a adaptar el inmueble a un uso que el Gobierno entienda “sea necesario en esos momentos para la ciudad”.
Esta fórmula implicaría que el propio Gobierno municipal asuma la rehabilitación y la reconversión del edificio en función de necesidades consideradas prioritarias. El consejero no ha concretado cuál podría ser ese uso, limitándose a señalar que el objetivo sería adecuarlo a lo que se estime oportuno en el contexto del momento.
La segunda opción descrita por Marín pasa por sacar el inmueble a venta o abrir la posibilidad de que “cualquier privado” quiera hacerse cargo del edificio. En ese caso, la iniciativa privada asumiría la actuación necesaria en el inmueble, lo que descargaría al presupuesto de la Ciudad de una intervención directa en términos de inversión y ejecución.
Marín ha señalado que estas son “las dos opciones” que existen y ha indicado que “ahora mismo” se están barajando para decidir “en cuál de las dos” se intervendrá finalmente.
El consejero ha situado el debate sobre el antiguo Conservatorio en un marco general de limitación de recursos. Ha recalcado que los recursos de la Ciudad “son limitados” y que, por tanto, no se puede actuar en todo al mismo tiempo con la misma intensidad presupuestaria.
Según ha explicado, la decisión sobre el antiguo Conservatorio no puede desligarse del hecho de que el Gobierno de la Ciudad mantiene otros compromisos de inversión, especialmente en materia de vivienda. En ese punto, Marín ha recordado que el Ejecutivo está inmerso en un compromiso para construir nueva vivienda de protección oficial para “las familias necesitadas”, lo que exige dedicar una parte del presupuesto a este objetivo.
Marín ha enfatizado que esa apuesta por vivienda protegida forma parte de las prioridades del Gobierno y, por tanto, condiciona la distribución presupuestaria. En su intervención, ha enlazado directamente el carácter limitado de los recursos con la necesidad de asignar fondos a iniciativas que considera esenciales, como la construcción de nuevas viviendas.
Dentro de esa explicación presupuestaria, Miguel Marín ha ampliado el alcance de la política de vivienda a la que, según ha dicho, el Gobierno de la Ciudad está comprometido. Ha señalado que la construcción de vivienda de protección oficial no solo se dirige a familias en situación de necesidad, sino que también se orienta a ofrecer alternativas a “clases medias” que, aun teniendo un trabajo, no pueden adquirir una vivienda en el mercado privado.
El consejero ha indicado que, en su opinión, el Gobierno de la Ciudad debería intervenir también para poner a disposición vivienda en distintos formatos: ha mencionado vivienda de protección oficial y ha añadido “de renta libre también”, con el objetivo de ofrecer una opción a esas familias de clase media que “están esperando poder adquirir una vivienda”.
Marín ha descrito este escenario como una realidad que obliga al Ejecutivo local a repartir el presupuesto, puesto que la atención a la vivienda —tanto para familias necesitadas como para sectores medios— consume recursos que deben salir del mismo marco presupuestario que otras actuaciones, como la intervención en edificios municipales.
En el cierre de su explicación, el consejero ha sintetizado su planteamiento en una idea central: el presupuesto de la Ciudad debe repartirse y gestionarse con eficiencia, atendiendo a múltiples demandas y compromisos simultáneos. Marín ha insistido en que no se dispone de recursos ilimitados, lo que obliga a priorizar actuaciones.
En ese sentido, ha dejado claro que el antiguo Conservatorio será objeto de intervención, pero que el modo concreto de proceder se está valorando entre las dos opciones mencionadas: actuación directa del Gobierno para adaptarlo a un uso necesario o, alternativamente, su salida a venta o gestión mediante iniciativa privada.
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