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El Gobierno justifica el recorte de la UIP por el aumento de efectivos estables en la ciudad

La Delegación del Gobierno defiende que se han reforzado las plantillas de la Guardia Civil y Policía Nacional, mientras que sindicatos y PP denuncian una merma en la seguridad por motivos económicos

La Delegación del Gobierno en Melilla ha justificado el recorte de efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) en la ciudad alegando que se debe al incremento de agentes fijos tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional en los últimos años. Así lo ha afirmado la delegada, quien ha asegurado que esta medida busca adaptar los refuerzos a las necesidades reales del territorio y que el Ministerio del Interior mantiene el compromiso de reforzar la presencia policial cuando sea necesario.

En declaraciones a los medios, Moh explicó que “en algunos momentos se pueden modular esos refuerzos que se desplazan periódicamente desde la península hacia Melilla”, destacando que la ciudad cuenta actualmente con una de las tasas más altas de ocupación del catálogo de plantillas de las fuerzas de seguridad del Estado.

La representante del Ejecutivo subrayó que las vacantes y jubilaciones se han ido cubriendo gracias a ofertas de empleo público, lo que ha permitido revertir lo que calificó como una situación de “abandono” heredada del anterior Gobierno del PP, al que acusó de haber recortado más de 12.000 efectivos de Policía y Guardia Civil a nivel nacional.

Con esta reorganización, el número de efectivos antidisturbios en Melilla se ha reducido de un grupo completo de 50 agentes a un subgrupo de apenas 15, según confirmaron también fuentes gubernamentales. Esta disminución coincide con una decisión similar adoptada para la ciudad autónoma de Ceuta.

No obstante, la medida ha generado un amplio rechazo entre sindicatos policiales y representantes del Partido Popular. Diversas organizaciones sindicales han denunciado que el recorte no obedece a una mejora estructural en las plantillas locales, sino a motivos económicos, ya que el despliegue de unidades UIP desde la península implica un coste adicional para el Estado en concepto de dietas, alojamiento y desplazamientos.

Desde el PP, la portavoz adjunta en el Congreso, Sofía Acedo, calificó esta decisión como “una mala noticia” y acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de “renunciar a proteger las fronteras españolas”. En su cuenta de la red social X, Acedo expresó que el Ejecutivo está “abandonando la protección y seguridad de las ciudades de Ceuta y Melilla”, una crítica que fue compartida públicamente por el presidente de Melilla, Juan José Imbroda.

El debate sobre la suficiencia de efectivos en las ciudades fronterizas se reaviva en un contexto en el que la presión migratoria y las demandas de seguridad continúan siendo temas sensibles para la ciudadanía. Mientras que el Gobierno central sostiene que el refuerzo de plantillas estructurales permite una mayor estabilidad en la seguridad ciudadana, desde sectores policiales y de la oposición advierten que el recorte de antidisturbios puede dejar desprotegidas zonas sensibles, especialmente en momentos de tensión o crisis fronteriza.

El Ministerio del Interior no ha ofrecido, por el momento, una valoración adicional más allá de lo manifestado por la delegación del Gobierno en Melilla, aunque fuentes próximas al Ejecutivo insisten en que se mantiene la capacidad de reacción ante cualquier eventualidad que requiera un refuerzo urgente de la UIP.

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