El Gobierno distribuirá alimentos para 900 familias desfavorecidas de Melilla

La directora del área funcional de Agricultura y Pesca de la Delegación del Gobierno, Isabel Bassets, ha informado de que el Gobierno, a través del el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), distribuirá alimentos a cerca de 900 familias desfavorecidas de Melilla a partir de mediados de octubre.

Bassets, en declaraciones a Onda Cero, ha explicado que “el fundamento de este programa es que desde las instituciones públicas se alivie en parte la situación compleja de las familias más vulnerables y que estas dispongan durante unos meses de una cesta de alimentos básicos y no perecederos para su consumo.

En total, se trata de más de 122.000 kg de alimentos los que se van a distribuir este año en la ciudad. En una primera fase, que tuvo lugar en mayo, se repartieron más de 33.000 kg de alimentos, y en esta segunda fase, que arrancará en unos días, los mismos supondrán cerca de 90.000 kg.

“Empezaron a llegar la semana pasada y siempre hay 4 días de margen para las reposiciones por parte de las empresas en el caso que algunos se hayan estropeado en el traslado y sean inservibles”, También ha explicado que el Banco de Alimentos y Cruz Roja serán las entidades distribuidoras que entreguen estos alimentos a 15 asociaciones autorizadas.

“Todos los envases de los 15 tipos de alimentos incluidos en este reparto se tratan con mucho cuidado, desde que salen de las fábricas donde se elaboran o procesan hasta que llegan a las familias de modo que la trazabilidad es total hasta el último envase”, ha expresado. Se calcula que cada persona beneficiaria del programa recibirá en esta fase 24 kg de alimentos, entre los que se encuentra arroz blanco, alubias y garbanzos cocidos, galletas, atún y sardinas en conserva, cacao, fideos, espaguetis, conserva de carne, menestra en conserva, fruta en almíbar, tomate frito y potitos de fruta y pollo.

Los kilos de alimento que corresponden a la Cuidad, se dividen entre dos partes iguales entre los almacenes de Banco de Alimentos y de Cruz Roja y por esa razón antes de comenzar la distribución el nº de beneficiarios finales a los que se atenderá debe estar compensado y ser lo más equilibrado entre las asociaciones autorizadas al reparto a las que van a distribuir los almacenes.

La próxima semana tendrá lugar la visita correspondiente a la recepción conjunta de estos alimentos por parte tanto de la Intervención de Hacienda como de la Unidad de Control para realizar la comprobación material de los alimentos llegados a los almacenes entre otras valoraciones, como el correcto etiquetado o envasado.

“Durante el proceso, levantamos un acta de recepción, avisamos a las instancias superiores de los Ministerios de Hacienda y de Agricultura y ellos se encargan de autorizar a Banco de Alimentos de Melilla y a Cruz Roja la distribución de estos alimentos entre las asociaciones autorizadas”, ha explicado.

Unas asociaciones, ha agregado, que, en su día, “solicitaron la participación del programa y se comprometieron a una serie de requisitos y obligaciones”, entre las que se encuentran no solo la capacidad operativa y administrativa (local, ordenador, voluntarios, tiempo…) para poder llevar a cabo el reparto sin repercutir gasto alguno a las familias beneficiarias, sino también la realización de un listado de las familias beneficiarias (con todos los datos de sus miembros) a las que van a atender, siempre que estas familias dispongan de un informe de necesidad actualizado (de menos de 1 año) que firma un trabajador o trabajadora social (ya que no está permitido el reparto a familias sin el informe).

Bassets ha indicado que los listados los cotejan como Unidad de control para detectar y resolver duplicidades (familias que han solicitado esta ayuda en varias asociaciones de reparto) y que, una vez resueltas, dejan huecos en las listas que pueden ser completadas con más familias vulnerables a las que se realice el informe necesario, de modo que se entreguen los alimentos de la forma más justa al número máximo de beneficiarios posible. Aún así el programa permite un pequeño margen de un 10% arriba y abajo sobre el número de beneficiarios que se grabó en la solicitud inicial.

La directora ha anunciado que el programa acabará este año a nivel estatal. “En 2024 esta actividad la gestionarán las comunidades y ciudades autónomas de forma distinta”, ha avanzado.