Se trata de una respuesta del Ejecutivo central a una pregunta del diputado Iñarritu en las Cortes.
El Gobierno central defiende que la Ley de Seguridad Ciudadana que entró en vigor el pasado 30 de marzo respeta los derechos humanos, concretamente en los casos de los inmigrantes que cruzan las vallas fronterizas de Melilla y Ceuta y que solicitan protección internacional en condición de refugiados en las zonas habilitadas para ello en los pasos fronterizos. Se trata de una respuesta del Ejecutivo a una pregunta escrita por el diputado de Amaiur Jon Iñarritu, que cuestionaba cómo se aplicará la normativa con respecto a la condición de fronterizas de las ciudades autónomas. En su respuesta, el Gobierno central apunta que la Disposición adicional sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, que establece un régimen especial para Melilla y Ceuta, hace explícita la garantía del respeto a la normativa internacional de derechos humanos, al igual que a la del derecho al asilo y a la protección subsidiaria. Asimismo, apunta que se han mantenido reuniones con organismos internacionales para que se mantengan estas garantías. Refugiados Por otro lado, el Ejecutivo central señala que, independientemente de los que intentan entrar en el país de forma ilegal, como saltando la valla fronteriza, “podrá serles reconocida la condición de refugiado o la protección subsidiaria” correspondiente a los inmigrantes que lo soliciten en los lugares habilitados en los puestos fronterizos. Estas instalaciones se rigen por la normativa reguladora de las solicitudes de protección internacional en frontera. Asimismo, en su respuesta, recogida en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del pasado jueves, el Gobierno defiende que España, como país soberano e integrante de la Unión Europea (UE), tiene la obligación de vigilar sus fronteras y de impedir el cruce por puntos no habilitados de las mismas. “Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actúan siempre de acuerdo con los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad”, apunta el Ejecutivo central en su respuesta al diputado de Amaiur, integrado en el Grupo Mixto. Además, Moncloa apunta que todas las responsabilidades anteriores se llevan a cabo velando en todo momento por la seguridad de las personas y cumpliendo con el respeto de los derechos humanos, facilitando en los casos en que sea conveniente, el acceso a protección internacional.
