El Gobierno destina 21,5 millones a Ceuta y Melilla para agua y servicios esenciales

El Gobierno ha aprobado un paquete de subvenciones por valor de 21,5 millones de euros destinado a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Los fondos servirán para cubrir los costes de funcionamiento de sus plantas desaladoras y para financiar diferentes servicios y actuaciones vinculados a ámbitos como la seguridad, la limpieza, la atención social y la educación.

La medida está recogida en el Real Decreto 708/2026, aprobado por el Ministerio de Hacienda, ya publicado en el Boletín Oficial del Estado y actualmente en vigor. Las subvenciones tienen carácter de concesión directa, por lo que serán adjudicadas por el Estado sin necesidad de recurrir a un concurso.

El programa está dirigido exclusivamente a las dos ciudades autónomas debido a su situación geográfica. Además, las administraciones de Ceuta y Melilla cuentan con un plazo reducido para solicitar los fondos: disponen de quince días desde la entrada en vigor del real decreto para presentar las correspondientes solicitudes.

Estas ayudas no están destinadas a ciudadanos o empresas a título individual. Las beneficiarias serán únicamente las administraciones de las dos ciudades, que serán las encargadas de aplicar posteriormente las cantidades recibidas a los servicios contemplados en la norma.

El paquete tampoco está relacionado con la situación migratoria que afecta a ambas ciudades. Los fondos previstos en este real decreto se dirigen a las plantas desaladoras y a los servicios y actuaciones concretas establecidos para cada territorio, sin contemplar la atención de la situación en la frontera.

Ocho millones para las plantas desalinizadoras

Del total de 21,5 millones de euros, 8 millones se reservan para sufragar los costes de funcionamiento de las plantas desalinizadoras de Ceuta y Melilla. El reparto se realiza teniendo en cuenta el número de habitantes de cada ciudad.

De esta cantidad, Ceuta recibirá 3.925.224 euros, mientras que Melilla contará con 4.074.776 euros para este concepto.

El apoyo al funcionamiento de estas instalaciones responde a las particularidades del abastecimiento de agua de ambas ciudades. Debido a su ubicación geográfica, disponen de recursos hídricos convencionales limitados y recurren principalmente a la desalinización del agua del mar.

Este sistema supone un coste superior al del abastecimiento tradicional, por lo que la Administración General del Estado contribuye a financiar el funcionamiento de las plantas desaladoras mediante este tipo de ayudas.

Diferentes destinos para cada ciudad

El resto de la financiación se distribuye entre actuaciones específicas para cada una de las ciudades autónomas. Ceuta recibirá 3,25 millones de euros, mientras que Melilla dispondrá de 10,25 millones, la mayor partida individual del conjunto de las ayudas.

En Ceuta, los fondos se emplearán en diferentes actuaciones relacionadas con la regulación del tráfico de personas y vehículos, la seguridad ciudadana, la recogida de residuos y la limpieza de las zonas periféricas. También se contempla su utilización para combatir el fraude en las importaciones de mercancías.

En Melilla, por su parte, las ayudas se concentran principalmente en actuaciones de carácter social y educativo. Entre ellas se encuentran la ayuda a domicilio, las ludotecas y la atención en centros de menores, además de convenios con asociaciones y oenegés para desarrollar actuaciones sociales, sanitarias y de inserción.

En el ámbito educativo, la financiación permitirá atender programas relacionados con las escuelas infantiles, las guarderías y la reposición de libros.

El real decreto justifica el apoyo estatal a ambas ciudades por distintos factores. Entre ellos figuran unas tasas de pobreza y exclusión superiores a las medias nacional y europea, una elevada densidad de población y un desarrollo industrial y turístico limitado. Estas circunstancias fundamentan las subvenciones por razones de interés público, social, económico y humanitario.

Quince días para presentar las solicitudes

Las dos administraciones disponen de un máximo de quince días desde la entrada en vigor del real decreto para solicitar las ayudas ante el Ministerio de Hacienda. El procedimiento deberá realizarse por vía electrónica.

En caso de que la solicitud presente algún defecto, la administración contará con un plazo de diez días para su subsanación, que podrá ampliarse durante otros cinco días.