El Gobierno de Pedro Sánchez no tiene previsto, por el momento, modificar la legislación que regula las denominadas devoluciones en caliente o rechazos en frontera en Ceuta y Melilla para adaptarla a la reciente sentencia del Tribunal Supremo. Así lo publica The objetive que señala que el Ejecutivo considera que las actuaciones llevadas a cabo tras la entrada masiva de personas en Ceuta el pasado 30 de julio son suficientes para corregir el vacío legal detectado por el alto tribunal.
Según la información del citado medio, las devoluciones en caliente quedaron reguladas en 2015, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, mediante una disposición adicional incorporada a la Ley de Extranjería con motivo de la aprobación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Sin embargo, la reciente sentencia del Tribunal Supremo habría evidenciado una laguna jurídica relacionada con los accesos por mar a las ciudades autónomas.
En concreto, se explica que el problema se localiza en zonas como el espigón del Tarajal, donde la barrera fronteriza solo se adentra unos metros en el mar. Esa circunstancia habría permitido que el Tribunal Supremo apreciara un vacío legal respecto a quienes acceden bordeando esa infraestructura, en lugar de cruzarla directamente.
Tras la crisis migratoria registrada a finales de julio, el Ejecutivo instaló una barrera de contención de unos 500 metros en la zona del Tarajal, así como otra en las aguas limítrofes de Melilla. Cabe destacar que el Gobierno considera que con estas actuaciones queda resuelta la situación planteada por la sentencia.
No obstante, el diario recoge el criterio de diversas fuentes jurídicas, que sostienen que esa solución no es suficiente. Según estas fuentes, bastaría con introducir un nuevo párrafo o unas pocas líneas en la disposición adicional de la Ley de Extranjería para aclarar expresamente el régimen jurídico de los accesos marítimos y evitar futuras controversias judiciales.
Las mismas fuentes, citadas por The objetive consideran que esa modificación podría aprobarse mediante un real decreto y obtener posteriormente el respaldo suficiente en el Congreso de los Diputados en aproximadamente un mes. Asimismo, sostienen que el presidente del Gobierno podría convocar un Consejo de Ministros extraordinario por videoconferencia gracias al sistema de comunicaciones seguras de Presidencia, denominado "malla Bravo", sin necesidad de desplazarse a Madrid.
La información también aborda la gestión política de la crisis. Según recoge el medio, una fuente conocedora del funcionamiento interno de la Presidencia asegura que la principal preocupación del Ejecutivo gira en torno al control del relato de los acontecimientos. En ese contexto, cuestiona que no se haya reunido el Consejo de Seguridad Nacional ni el Comité de Situación y advierte de que, si continúan las convocatorias difundidas a través de redes sociales, podría repetirse una situación similar en Ceuta.
Por otro lado, se informa de que el Departamento de Seguridad Nacional habría eliminado de sus informes diarios cualquier referencia a la crisis migratoria en Ceuta. Según el medio, esta decisión coincide con un momento de fuerte tensión interna dentro del organismo.
El periódico también señala que esa situación se agravó tras la destitución de la funcionaria responsable de difundir una alerta en la que se estimaba que más de 49.000 inmigrantes habían accedido irregularmente a Ceuta a través del espigón y la playa del Tarajal en apenas 24 horas. Según la información publicada, la difusión de esos datos provocó el malestar del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del jefe de Gabinete del presidente del Gobierno.
En definitiva, la funcionaria retiró posteriormente el contenido y puso su cargo a disposición de su superiora, aunque finalmente fue cesada. El medio añade que recibió la orden de recoger sus pertenencias en Moncloa en un plazo de 72 horas, lo que la obligó a interrumpir sus vacaciones para regresar a Madrid.
