El Gobierno asegura la continuidad del servicio de ayuda a domicilio con mejoras significativas

La propuesta de aprobación del expediente para el nuevo contrato del servicio de ayuda a domicilio ha sido presentado por el Gobierno local liderado por el Partido Popular y defendido en el hemiciclo por la consejera de Políticas Sociales y Salud Pública, Randa Mohamed El Aoula. El contrato asciende a 14.371.000 euros para los próximos cuatro años.  

La consejera ofreció una amplia explicación sobre el proceso que llevó hacer este expediente detallando las mejoras introducidas y respondiendo a las críticas planteadas por la oposición.

La consejera comenzó su intervención aclarando la situación heredada “quiero recordar por qué hemos llegado a esta fecha sin un contrato mayor". "Cuando asumimos el Gobierno en julio, nos encontramos con que la delegación de competencias con el Imserso iba a caducar el 11 de octubre de 2023, y no se había realizado ninguna gestión previa”. Según El Aoula, la anterior administración no había establecido reuniones ni trámites necesarios para garantizar la continuidad del servicio.

Desde agosto, el nuevo Ejecutivo local inició conversaciones con el Imserso, enfrentándose a importantes retos. “Nos reunimos varias veces con el Imserso, buscando soluciones, pero la primera propuesta que nos enviaron era deficitaria. Aún así, comenzamos los trámites para pasarla por Pleno, aunque el informe negativo del interventor nos lo impidió”, explicó la consejera.

El esfuerzo del equipo de Políticas Sociales no se detuvo allí. “Enviamos otra propuesta por parte de la Ciudad Autónoma y no obtuvimos respuesta". "Finalmente, en marzo, el Imserso nos envió una propuesta que aceptaba algunas de nuestras peticiones, pero la financiación seguía siendo insuficiente”, subrayó Randa Mohamed.

La financiación del servicio ha sido uno de los puntos más críticos. “Este contrato está saliendo por 14.371.000 euros para cuatro años, mientras que el Imserso aporta solo 730.000 euros anuales. Si hacemos la cuenta, es evidente que esta delegación de competencias no está suficientemente financiada”, enfatizó El Aoula.

A pesar de las limitaciones económicas, el contrato aprobado supone una mejora significativa respecto al anterior, que fue adjudicado por 7.800.000 euros. La consejera resaltó que “hemos duplicado la inversión. “Este contrato sale por 14.371.000 euros, lo que representa un aumento del 130% respecto al último contrato mayor. Además, hemos incrementado el número de horas de servicio, llegando a 144.000 horas anuales”.

Entre las principales mejoras destaca la ampliación de los servicios ofrecidos. “Hemos añadido servicios esenciales como peluquería, podología, enfermería y lavandería, que antes no estaban incluidos en el contrato y se gestionaban de manera extrajudicial”, detalló la consejera de Políticas Sociales y Salud Pública.

También han creado un sexto lote para pequeñas reparaciones. “Sabemos que las personas mayores viven solas y enfrentan problemas como grifos rotos o averías menores”. “Ahora incluimos un servicio que ayudará con estas reparaciones. Y además hemos asegurado el trabajo de 33 personas que se subrogan al nuevo contrato, evitando que vayan a la calle”, indicó El Aoula.

El proceso para llegar a este contrato mayor no estuvo exento de desafíos administrativos y burocráticos. “Para garantizar la continuidad del servicio, hemos tenido que sacar contratos temporales”. “Primero, uno de 100 días y después otro de 279 días que caducó recientemente. Ahora estamos en un negociado sin publicidad que finaliza en marzo”, aclaró la consejera.

La premura en la aprobación del expediente responde a la necesidad de evitar interrupciones en el servicio. Desde el PP decían que “queremos garantizar que el servicio continúe sin problemas, por eso hemos pasado este contrato por una comisión extraordinaria y luego por el pleno antes de que termine el año”.

En cuanto a las críticas sobre la falta de reuniones con los sindicatos, El Aoula fue clara: “no me he reunido específicamente con los trabajadores para hablar de este contrato porque la coordinación del servicio pertenece a la Ciudad Autónoma. Sin embargo, hemos tenido en cuenta las propuestas de la coordinación y las hemos incluido en el contrato”.

La consejera también mostró disposición para evaluar futuras modificaciones “algunas de las ideas planteadas por la oposición, como la posibilidad de reforzar la supervisión del servicio, no son malas". "Estudiaremos estas propuestas en caso de que sea necesario hacer ajustes, siempre que la fuente económica lo permita”, manifestó Randa Mohamed.

El contrato beneficiará a 300 usuarios del servicio de ayuda a domicilio, muchos de ellos personas mayores que viven en situaciones de vulnerabilidad. “Nos importan tanto los usuarios como los trabajadores". "Este contrato mejora significativamente las condiciones de ambos”, destacó El Aoula.

Además, la consejera agradeció las aportaciones realizadas por el Imserso, aunque consideró que aún queda camino por recorrer. “Agradecemos la implementación de una aplicación que permitirá una ventanilla única para los usuarios”. “Sin embargo, seguimos esperando mejoras en la financiación para que este servicio sea sostenible a largo plazo”.

El Aoula concluyó su intervención con una reflexión sobre la importancia de aprender de los errores del pasado. “Esperamos que en el futuro no volvamos a encontrarnos con problemas derivados de plazos ajustados y falta de planificación”. “Nuestro compromiso es garantizar que la delegación de competencias esté bien gestionada y suficientemente financiada desde el principio”, afirmó la consejera.

También hizo un llamado a la unidad “este contrato es un paso adelante en la mejora de la ayuda a domicilio, pero debemos seguir trabajando juntos para ofrecer el mejor servicio posible a nuestros mayores y a las personas más vulnerables”.

La aprobación del contrato de ayuda a domicilio representa un hito en la gestión de los servicios sociales en Melilla. Bajo la dirección de Randa Mohamed El Aoula, el Gobierno local ha logrado no solo asegurar la continuidad del servicio, sino también introducir mejoras significativas que beneficiarán a usuarios y trabajadores. Aunque persisten desafíos relacionados con la financiación y los plazos administrativos, el compromiso del Ejecutivo es claro: seguir avanzando hacia un sistema más inclusivo, eficiente y sostenible.