El Gobierno central insiste en que se respetó la legalidad vigente

El Ejecutivo afirma que se actuó igual que cuando llegan embarcaciones a otros puntos de la costa española

La devolución a Marruecos de los siete inmigrantes subsaharianos que llegaron en la madrugada del lunes al martes a las islas Chafarinas “cumple la legalidad y es igual a las que se llevan a cabo cuando llegan embarcaciones a otros puntos de la costa española”, indicaron ayer fuentes del Gobierno central.
Asimismo, recalcaron que la medida se llevó a cabo con el objetivo de evitar que se abra una nueva vía de entrada a través del archipiélago y otros islotes, tal y como indicó el miércoles la Delegación del Gobierno cuando se llevó a cabo la devolución.

Como otro punto de la costa
Fuentes del Ejecutivo se han remitido al comunicado difundido por esta institución en lo referido a la expulsión al país vecino de los siete inmigrantes que llegaron a Chafarinas, aunque aseguraron que en ningún caso se trata de lo que se denomina ‘devolución en caliente’, sino “del mismo proceso que se lleva a cabo en cualquier otro punto de la costa española, en virtud de la normativa actual”.
En el comunicado de la Delegación del Gobierno en Melilla, la institución defendía que el procedimiento por el que se llevó a cabo la entrega a autoridades marroquíes cumplía “escrupulosamente la legalidad vigente”, de acuerdo a las normas y al convenio de colaboración con Marruecos rubricado en el año 1992, algo que distintas entidades y ONG cuestionan.
De acuerdo con esta normativa, varios agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, acompañados de un abogado, un intérprete y de la secretaria general de la Delegación del Gobierno se trasladaron el miércoles a las Chafarinas para garantizar la legalidad del procedimiento, según informó ayer el Gobierno, corroborando la información proporcionada un día antes por fuentes policiales.
Una vez realizados todos los trámites de atención e identificación, los siete inmigrantes fueron llevados a Marruecos. Hay que recordar que cuatro de ellos fueron previamente trasladados a Melilla para comprobar si eran menores de edad. Una vez se determinó que eran mayores de 18 años, fueron llevado al país vecino junto a los otros tres inmigrantes.
Por otro lado, las fuentes del Gobierno central destacaron también que existe “una magnífica colaboración con Marruecos en materia de flujos migratorios”, secundando las declaraciones que hizo al respecto el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, el miércoles.

Comunicado de Delegación
El Ejecutivo central apoyó ayer al completo lo manifestado por la Delegación del Gobierno en Melilla el miércoles, cuando se llevó a cabo la expulsión de los inmigrantes. En una nota de prensa, el delegado, Abdelmalik El Barkani, declaró que “es evidente que no podemos permitir la apertura de nuevas vías de acceso de la inmigración irregular”.
La autoridad gubernativa recalcó que es necesario replantear la consideración que se otorga “a quienes llegan violentando las fronteras utilizando la fuerza o prestándose a situaciones de chantaje que favorecen el negocio de quienes trafican con seres humanos”.
“Estamos ante situaciones muy delicadas, en las que todos debemos actuar con total responsabilidad. Cuando digo todos me refiero a España, Marruecos y la Unión Europea (UE)”, aseveró El Barkani. “Hay que tener en cuenta que hablamos de territorios muy próximos a la costa de un tercer país, que no pueden convertirse en un puente aéreo de acceso ilegal a Melilla o a la península al servicio de las mafias que negocian con seres humanos”, agregó.

Críticas de las ONGs
Pese a los argumentos del Ejecutivo central, numerosas ONGs criticaron ayer duramente la decisión de expulsar a los inmigrantes y la tacharon de ilegal. Asociaciones humanitarias de Melilla, como Prodein, están preparando una querella criminal contra la Delegación del Gobierno por la devolución de los subsaharianos al país vecino.