El Gobierno central ha asegurado en una respuesta parlamentaria a Compromís que el cambio de modelo económico de Melilla "depende de varios ministerios".
Así contesta a la pregunta del senador Carles Mulet, en representación de Coalición por Melilla, que pidió explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez por la falta de presupuesto para sacar adelante el Plan Estratégico Integral que el Ministerio de Política Territorial presentó a finales del año pasado en la ciudad con la promesa de que nace "para ser cumplido".
Sin embargo, tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, no aparecen negro sobre blanco las partidas que se destinarán a cumplir esa promesa. Como mínimo se necesitan este año 102 millones de euros presupuestados en el Plan Integral, que ahora el Ejecutivo dice que sacará de los distintos ministerios sin especificar cuánto de cada uno y cuándo llegará el dinero a Melilla.
En principio solo hay noticias de los 20 millones que la Secretaría de Estado de Política Territorial anunció cuando presentó el anterproyecto de Presupuestos. En ese momento se dijo que esa partida era para los planes integrales de las dos ciudades autónomas. Sin embargo, ahora sabemos, porque así lo confirmó el Gobierno por escrito a Compromís, que de esos 20 millones, 2 millones son para el Puerto de Melilla que este año volvió a cerrar en números rojos. De manera que quedarían 18 millones a repartir entre Melilla y Ceuta.
De las dos ciudades autónomas, Melilla es la que peor está. Lo dicen los últimos datos del Instituto Nacional de estadística referentes a la subida de los precios. En febrero, los melillenses lideraron la mayor subida del IPC de España, superando no sólo la media nacional sino también dos puntos por encima de la tasa de inflación de Madrid y Cataluña.
De ahí que desde Melilla, Coalición por Melilla, a través de Compromís, haya pedido que la ciudad cuente con una Registro Especial de Buques y Navieras, actualmente afincado en Canarias. Pero desde el Gobierno central explican que eso requeriría modificar el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y además, exige un análisis desde el punto de vista de la normativa comunitaria sobre ayudas del Estado para así obtener un informe favorable de las autoridades de competencia de la Unión Europea.
Al respecto, el Estado no manifiesta ningún otro tipo de comentario que indique que está por la labor de llevar a cabo cualquiera de estas gestiones.
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