El Gobierno afea a Azmani su ausencia en la conciliación previa a la querella por injurias

La tensión política entre el Gobierno de Melilla y el diputado del Grupo Mixto, Mohamed Azmani, ha vuelto a estallar. En esta ocasión, el detonante ha sido la ausencia del parlamentario en el acto de conciliación previo a la querella anunciada por el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, en relación con las polémicas declaraciones del diputado sobre el proyecto de adquisición de la finca Villa Pilar.

La portavoz del Gobierno, Fadela Mohatar, reprochó con dureza la actitud del diputado, a quien acusó de “mantener un circo mediático” basado en “exageraciones y mentiras” contra el Ejecutivo local. Según Mohatar, Azmani ha preferido el espectáculo público antes que responder jurídicamente a las acusaciones vertidas contra el Gobierno.

“Lo que ha venido a ratificar en su intervención en el pleno es que obedece simple y llanamente a su circo mediático. Esas exageraciones y mentiras que lanza continuamente contra el Gobierno son su forma de hacer marketing personal. Sin embargo, no se ha presentado a la conciliación que se le ofrecía como paso previo a una querella por acusaciones injuriosas y calumniosas”, expresó la portavoz, que también cuestionó la ética y moral del diputado por no responder al requerimiento judicial previo.

El conflicto gira en torno a unas declaraciones realizadas por Azmani, en las que criticaba con dureza la compra por parte del Gobierno de la finca Villapilar. Según el diputado, se trata de una operación económica desproporcionada y poco transparente. El Gobierno ha considerado estas manifestaciones como injuriosas y ha iniciado el proceso legal con una conciliación previa a la querella, a la que Azmani no acudió.

Lejos de retractarse, Mohamed Azmani ha vuelto a cargar contra el Ejecutivo de la ciudad y ha dejado claro que no se arrepiente de sus palabras. En declaraciones posteriores, defendió su decisión de no acudir al acto judicial y aseguró que está “deseando” que se formalice la querella para poder exponer su versión ante un juez.

“El señor Imbroda me ha denunciado exigiéndome 30.000 euros de indemnización por decir que no le gusta el verde de la naturaleza, sino el verde del dinero. Claro que no he ido a la conciliación, me ratifico en todo lo que he dicho. Estoy loco por sentarme en el juicio y explicar cómo este Gobierno quiere comprar una finca valorada en 600.000 euros por más de 2 millones, cuando ni siquiera es urbanizable y está afectada por Defensa”, aseguró el diputado, en una declaración en la que también criticó la preparación y conocimiento jurídico de Fadela Mohatar.

Azmani insistió en que no tiene intención de dar “ni un paso atrás”, y que está dispuesto a defender en los tribunales sus acusaciones sobre una operación que califica de escandalosa y contraria al interés público.

El enfrentamiento entre ambas partes promete escalar, con una querella anunciada por el Ejecutivo local y un diputado que se muestra dispuesto a judicializar el conflicto. Todo ello, en medio de una creciente crispación política en la ciudad, donde la transparencia y el uso de fondos públicos vuelven a estar en el centro del debate.