Los responsables de la Asociación Pro Guardia Civil (Aprogc) de Madrid estaban el lunes “en condiciones de afirmar que esas imágenes (las recogidas en el vídeo de las ‘devoluciones en caliente’ por las que está imputado el coronel Martín Villaseñor), totalmente demostrativas de la correcta actuación de los agentes, fueron puestas a disposición de las distintas autoridades por la Comandancia de Melilla en tiempo y forma según lo solicitado”.
Así lo aseguraba esa asociación en un escrito que remitió a diversos medios de comunicación, entre los que no se encontraba El Faro de Melilla, y que hoy reproduce íntegramente este periódico en su página 4.
Ayer esa ‘rotunda’ afirmación de los responsables de la asociación en Madrid quedaba matizada por las palabras de Guillermo Prada, el dirigente de Aprogc en Melilla. Éste empezó afirmando que estaba “absolutamente convencido” que era imposible que se hubiera borrado el vídeo en cuestión. Luego manifestó que le “cuesta creer” que esas imágenes hayan dejado de existir. Y finalmente no se atrevió a “desdecir” al Gobierno, que en una respuesta parlamentaria en el Congreso aseguró que no podía facilitar copia de esas imágenes a un diputado que las había solicitado porque habían sido borradas. De hecho, el propio Prada reconoció que él tampoco había tenido oportunidad de ver ese vídeo. “No podemos hablar en nombre de una institución, pero podemos decir que esos vídeos no han sido borrados”, decía Prada, volviendo otra vez al principio en un nuevo ejercicio de desmentido ‘interruptus’.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no tiene ninguna duda sobre lo ocurrido. Según explicó ayer a El Faro, la Comandancia facilitó al juez el vídeo del 13 de agosto, pero sólo podía visionarse el inicio porque el resto había sido eliminado. Al parecer, el borrado se lleva a cabo encima de las viejas grabaciones durante la toma de las nuevas imágenes. Sin embargo, no está claro cómo se empiezan a eliminar éstas por el final, cuando lo lógico sería que si algunas imágenes fueron eliminadas accidentalmente, éstas fueran las del inicio.
En el escrito que Aprogc difundió el lunes, los responsables del sindicato confesaban “no ser juristas”. Sin embargo, “conocemos nuestro trabajo”, añadían. Lo primero, no les supone ningún problema a la hora de calificar como “ridículo” el informe ‘Expulsiones en caliente: Cuando el Estado actúa al margen de la ley’, un trabajo de 16 expertos coordinados por Margarita Martínez Escamilla, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense. La crítica de Aprogc a este estudio es un buen ejemplo de hasta qué punto la ignorancia es osada.
Sobre lo segundo (“conocemos nuestro trabajo”), los compañeros de Guillermo Prada en Melilla tendrían mucho que decir. Probablemente quisieran contestarle los agentes con los que el dirigente de Aprogc en nuestra ciudad ha patrullado durante horas por el vallado fronterizo, con los que ha pasado noches en una garita mirando a través de las cámaras de visión nocturna, con los que ha compartido horas de trabajo vigilando que ninguna patera llegue a Melilla, con los que ha controlado durante toda una mañana el paso de vehículos por los pasos fronterizos... Si hay alguna laguna en los amplios conocimientos jurídicos de Guillermo Prada, sin duda la podrá suplir con la experiencia le aporta el hecho de enfrentarse a diario a las distintas circunstancias de la inmigración ilegal. Ese compromiso e intensa dedicación desde un despacho en la Comandancia son las que le permiten hablar con conocimiento de causa. Sólo así, por la falta de tiempo, se explica que el responsable de Aprogc en Melilla no haya tenido oportunidad de conocer la demoledora valoración que hizo sobre el asunto de la inmigración el comisario europeo de Derechos Humanos tras visitar nuestra ciudad.
Las declaraciones que ofreció ayer Guillermo Prada y el escrito que difundió un día antes Aprogc no aportan ninguna reflexión relevante sobre de las ‘devoluciones en caliente’, las peticiones de asilo o el estado del CETI, pero son bastante esclarecedoras sobre cómo andan las cosas por la Comandancia de la Guardia Civil.
