El Defensor del Pueblo reclama permisos de residencia y trabajo para los transfronterizos atrapados en Melilla y Ceuta

El Defensor del Pueblo Español ha reclamado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que conceda la autorización de residencia y trabajo a las trabajadoras y trabajadores transfronterizos atrapados en Melilla y Ceuta desde hace dos años.

Así lo recoge en su respuesta del pasado martes a la de queja que interpuso la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en noviembre para dar solución la dura situación que atraviesa este colectivo de 500 personas (en Ceuta), que no puede regresar con sus familias debido al cierre de la frontera con Marruecos, en marzo de 2020.

En Melilla, a día de hoy hay 108 autorizaciones de trabajadores transfronterizos en vigor, de las cuales 34 corresponden a hombres y 74 a mujeres.

En la queja, de ámbito nacional e internacional apoyada por 168 colectivos, se ponía de manifiesto no solo la situación administrativa excepcional por la covid-19 en la que se encuentran estos hombres y mujeres, que las excluye del sistema y las dejan sin posibilidades de construir una vida digna. Estas personas, en su mayoría trabajadoras de hogar y cuidados, aunque también de otras muchas profesiones, dependen de los acuerdos entre ambos países, al encontrarse sin posibilidad de renovar su documentación caducada.

El documento remitido por el Defensor del Pueblo informa de que “se ha solicitado a la Delegación del Gobierno en Ceuta que se facilite a los ciudadanos marroquíes el acceso a su país y el retorno a la ciudad autónoma, mediante la concesión de una autorización de regreso en el caso de ser necesario, a fin de poder reunirse con sus familiares y renovar su documentación”.

Además, responde el Defensor que “se ha solicitado que no se exija documentación marroquí que sea imposible obtener en el actual momento para tramitar autorizaciones de residencia o de trabajo”, cuestión que desde la entidad se ha venido demandando que se pudiera realizar a través de la cédula de inscripción, para regularizar así la residencia y el permiso de trabajo de las 500 personas que se encuentran atrapadas en la ciudad autónoma.