El Defensor del Pueblo recibió 90 quejas de Melilla en 2022: una de ellas, colectiva sobre el 24J

El Defensor del Pueblo tramitó, en 2022, 90 quejas y solicitudes de recurso procedentes de Melilla de un total de 30.481 en todo el país, lo que supone el 0,30 por ciento del total, sólo por encima de Ceuta, que presentó 78 –un 0,26 por ciento- y justo por debajo de La Rioja, con 132 –un 0,43 por ciento-. En el caso de Melilla, conviene recordar que en 2021 fueron 129 de 28.407 tramitadas en toda España, con lo que igualmente el porcentaje no llegaba al uno por ciento y se quedaba en el 0,45 por ciento-.

En este sentido, el volumen 1 del informe anual del Defensor del Pueblo destaca, en un apartado, que el 27 de junio del año pasado se admitió a trámite una queja de varias entidades sociales que solicitaban su intervención para esclarecer los hechos acaecidos el 24 de junio (24J) en Barrio Chino.

El Defensor del Pueblo recuerda, no obstante, que “inmediatamente después de conocerse la trágica noticia del salto a la valla fronteriza de Melilla durante el que lamentablemente perdieron la vida, al menos, 23 personas y otras resultaron heridas de diversa consideración”, comenzaron ya las investigaciones para recabar información sobre lo que allí sucedió. De hecho, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y una delegación de la institución viajaron a Melilla el 19 de julio para “conocer directamente el testimonio de las autoridades de la ciudad autónoma, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las entidades que trabajan en la zona y de los inmigrantes”, según se dice en el informe, que recuerda que también se visitaron el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CET) y el perímetro vallado que separa Melilla de Marruecos para conocer el lugar donde sucedieron los hechos.

Recomendaciones y recordatorios

Después del todo ello, el Defensor del Pueblo formuló, el 14 de octubre, varias recomendaciones y recordatorios de deberes legales a la Secretaría de Estado de Seguridad, centrados en la mejora del procedimiento de rechazo en frontera y de la cooperación con las autoridades homólogas marroquíes.

La primera de ellas era que se desarrollara el procedimiento establecido en la disposición adicional décima de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, de acuerdo también con la interpretación realizada por el Tribunal Constitucional en la sentencia 172/2020, que establece que el rechazo en frontera ha de permitir su aplicación a las entradas individualizadas, un pleno control judicial y el cumplimiento de las obligaciones internacionales suscritas por España.

La segunda recomendación consistía en que se dejara constancia escrita de que al extranjero se le había facilitado información sobre protección internacional y que se habían verificado las necesidades de protección internacional, así como que la persona no era menor de edad o había sido víctima de trata de seres humanos. Todo ello en virtud de la Directiva 2013/32/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio, sobre procedimientos comunes para la concesión o retirada de la protección internacional.

También se aconseja impulsar la revisión de los protocolos de actuación que se activan con los oficiales marroquíes cuando se producen intentos de entrada irregulares en las vallas de Melilla y Ceuta para adaptarlos al objetivo número 23 del Pacto Mundial de las Migraciones, que establece la necesidad de gestionar las fronteras de manera integrada, segura y coordinada. En concreto, se pide reforzar el enfoque de derechos humanos a fin de evitar situaciones de presión fronteriza extrema, con el objetivo de incrementar los operativos de atención humanitaria y mejorar el trato que se dispensa a las personas que cruzan, o tratan de cruzar, de manera irregular las fronteras que separan los dos países.

La cuarta recomendación consiste en que se potencie la información internacional a fin de prever situaciones de presión fronteriza extrema con el objetivo de incrementar los operativos de atención humanitaria en la frontera en coordinación con la Secretaría de Estado de Migraciones y la Agencia de Asilo de la Unión Europea.

Aparte de estas cuatro recomendaciones, el Defensor del Pueblo hizo tres recordatorios de deberes legales. En primer lugar, que hay que “aplicar un enfoque de derechos en la gestión fronteriza a fin de garantizar el derecho a la integridad física y moral, sin que nadie pueda ser sometido a malos tratos, tratos inhumanos o degradantes”.

A continuación, la institución recuerda que es necesario ajustar las actuaciones a los principios básicos que establece el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13, de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En este caso, acota el informe, se trata de “impedir cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral”, además de “actuar rigiéndose por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance”.

El tercer recordatorio es el de “dictar las órdenes oportunas para que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estén siempre identificados”.

La respuesta de las instituciones

La respuesta de la Secretaría de Estado de Seguridad, recibida el 10 de noviembre, puso de manifiesto, según el Defensor del Pueblo, que las citadas resoluciones no habían sido aceptadas. A juicio de esta institución, las razones expuestas para su no aceptación no resultaban suficientes. Por ello, el 28 de noviembre se elevaron las resoluciones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Tras recibir su contestación, se procedió a cerrar las actuaciones con dicho departamento con una “diferencia de criterio en lo relativo al rechazo en frontera”.

El Defensor del Pueblo formuló también una recomendación a la Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a fin de que se adoptaran medidas para reforzar los medios materiales y humanos de la embajada y de los consulados en Marruecos, con el objeto de garantizar que los necesitados de protección internacional puedan acceder y tramitar sus visados para solicitar asilo en España sin tener que arriesgar sus vidas ni utilizar vías irregulares de entrada. La Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha comunicado la aceptación de dicha resolución, por lo que se continúan las actuaciones con el propósito de conocer las medidas previstas.

Por lo tanto, las recomendaciones y los recordatorios se encuentran actualmente en trámite y determinadas actuaciones continúan, fr acuerdo con el informe.

Según el presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos (Prodein), José Palazón, “el Gobierno hace caso omiso de las recomendaciones hechas”. En este sentido, Palazón considera que el Ejecutivo del PSOE “contradice su propio programa electoral y falta a su tradición de lucha por la erradicación de la violencia en la frontera”. “Lejos de ello, tras los sucesos del 24-6 ha acordado con Marruecos un incremento bestial del control militar que ese país ejerce en su zona”, indica Palazón, quien considera que “así es como ha entendido el Gobierno más progresista las recomendaciones del Defensor del Pueblo”. “La paz en la frontera que se tiene hoy es igual al silencio que impera en los cementerios”, ha lamentado Palazón.

Consideraciones generales

Al respecto, y en la actual situación, cuando se produce un asalto a los perímetros fronterizos en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, se constata con carácter general que la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se centra en intentar que todos o la mayor parte de quienes participan en el intento no lleguen a superar la valla, así como en su devolución. Esta forma de actuación imposibilita, según el Defensor del Pueblo, detectar a menores de edad y a personas con necesidades de protección internacional o con discapacidad.

Por ello, la institución recomienda que, cuando se lleve a cabo un rechazo en frontera, se prevea la forma de facilitar siempre información sobre protección internacional y de verificar su situación y necesidades de protección. Esto requiere confirmar que no es menor de edad, que no desea pedir protección internacional en España o que no concurran indicios de que pudiera ser víctima de trata de seres humanos, dejando constancia escrita de todo ello.

Y es que, como matiza el informe, a través de las quejas recibidas y tras escuchar numerosos testimonios de personas que han conseguido acceder a territorio nacional saltando las vallas de Ceuta y Melilla, o tras duras travesías marítimas, se llega al convencimiento de que las vías de entrada regulares y seguras a la Unión Europea son, en la práctica, inaccesibles para muchos que huyen de sus países y buscan refugio en Europa.

Dos ONGs

El informe recuerda que la Ciudad Autónoma cuenta con la colaboración de dos organizaciones no gubernamentales dedicadas a la infancia para desarrollar actividades de formación respecto de la violencia hacia la infancia y adolescencia, tanto en los centros de menores como hacia los profesionales del Área del Menor y la Familia, así como profesionales del ámbito deportivo y de ocio. Se señala también que están estudiando la posibilidad de desarrollar actividades de prevención y atención especializada a las víctimas de violencia sexual.