El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha instado a la Secretaría de Estado de Migraciones a integrar en el sistema de acogida a los 11 solicitantes de asilo que llevan dos semanas acampados junto al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, tras serles denegada la entrada al centro. La institución ha emitido una recomendación en el sentido de que “que se les asigne un recurso adecuado a sus necesidades, en su condición de solicitantes de protección internacional”. Y lo hace en respuesta a una queja interpuesta por la ONG Mec de la Rue (MdLR), que denunció la precariedad en la que se encuentran estos migrantes.
Entre las personas afectadas hay cuatro mujeres y ciudadanos procedentes de Malí, Venezuela, Colombia y Perú. Desde que se les impidió el acceso al CETI, han permanecido en tiendas de campaña instaladas en las inmediaciones del recinto con el apoyo de la ONG. Según la organización, las condiciones meteorológicas han agravado la situación de estas personas, algunas de las cuales presentan problemas de salud, tal y como han indicado fuentes de Médicos del Mundo.
La estancia forzada de estos migrantes a la intemperie ha desatado una polémica en la ciudad y ha generado críticas contra el Gobierno central. La pasada semana, ante la llegada de un temporal con fuertes lluvias y frío, la Ciudad Autónoma de Melilla trasladó temporalmente a los solicitantes de asilo a un hotel por una noche. Sin embargo, al día siguiente regresaron a su asentamiento improvisado ante la falta de una solución definitiva.
El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha calificado de “inhumana” la negativa del Gobierno a acoger a estos solicitantes en el CETI. Imbroda ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de no cumplir con su deber de garantizar la protección de estas personas y de dejarlas en una situación de vulnerabilidad extrema.
Por su parte, el presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Blas Jesús Imbroda, ha advertido de que los solicitantes de asilo tienen derecho a ser acogidos y que, bajo ningún concepto, pueden permanecer en la calle.
Ante la creciente presión social y política, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró que el Gobierno está trabajando en una “colaboración interadministrativa” para atender a estas personas. La ministra subrayó que se están explorando soluciones para mejorar el sistema de acogida y recordó que el próximo 20 de mayo entrará en vigor una reforma del reglamento de extranjería que reforzará las vías de protección para los solicitantes de asilo.
La negativa de acceso al CETI de estos migrantes ha sido objeto de debate en las últimas semanas. El Ejecutivo ha justificado su postura argumentando que el CETI no está diseñado para acoger a solicitantes de asilo sino a inmigrantes en situación irregular. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos y las entidades que trabajan con refugiados han criticado esta interpretación y han reclamado que se les garantice una acogida digna, acorde con su estatus legal.
Desde la ONG MdLR han señalado que los solicitantes de asilo cumplen con los requisitos para acceder al sistema de acogida y han acusado al Gobierno de incumplir la normativa internacional en materia de refugio. Además, han alertado de que las condiciones de vida de estas personas son insostenibles y que la falta de respuesta inmediata pone en riesgo su bienestar y salud.
La situación en Melilla no es nueva. En los últimos años, la ciudad autónoma ha sido escenario de múltiples crisis migratorias que han evidenciado las carencias del sistema de acogida y protección. Organizaciones humanitarias han denunciado en reiteradas ocasiones que los procedimientos para solicitar asilo en la frontera sur de España son restrictivos y dejan a muchas personas en un limbo administrativo.
La acumulación de casos sin resolver y las trabas para acceder a la protección internacional han provocado que los solicitantes de asilo se vean obligados a permanecer en condiciones precarias mientras esperan una respuesta a su solicitud. Este nuevo episodio con los migrantes inadmitidos en el CETI refuerza la percepción de que existe una política de contención en la frontera, más orientada a limitar los flujos migratorios que a garantizar los derechos de quienes buscan refugio en España.
Por el momento, la respuesta del Defensor del Pueblo supone una nueva presión para el Gobierno, que deberá decidir si mantiene su postura o accede a la petición de la institución. La resolución del caso servirá de termómetro para medir el compromiso del Ejecutivo con el respeto a los derechos de los solicitantes de asilo en la frontera sur.
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