El Defensor del Pueblo insta a regularizar las pruebas de edad a los menores inmigrantes

El informe de esta institución afirma que hay diferentes exámenes en cada región.

El informe, recientemente publicado, por el Defensor del Pueblo sobre menores extranjeros no acompañados, titulado ‘¿Menores o adultos?’ denuncia las “deficiencias” encontradas en los procedimientos para la determinación de la edad de estos inmigrantes y elabora una lista de 41 recomendaciones para que estos procedimientos tengan las mismas garantías en todas las regiones españolas. Y es que, el Defensor del Pueblo constató que los criterios para la determinación de la edad de estos menores inmigrantes son “dispares en cada comunidad autónoma” y que existe “una descoordinación entre las diferentes administraciones implicadas en la determinación de la edad”.  
Por ello, insta a las autonomías a promover la formalización de un protocolo interinstitucional que permita “el intercambio de pruebas e informes forenses, a fin de facilitar los antecedentes necesarios que pudieran existir sobre la persona a la que se le va a realizar un estudio de estimación de la edad”.
En este sentido, el Defensor del Pueblo incluye en este informe siete casos investigados por la institución que “dan idea de los trabajos que realiza la Defensoría en esta materia”.
El resultado de estas pruebas sirven para determinar si a un inmigrante se le aplica la Ley de Extranjería por ser mayor de edad o es acogido en el centro de Menores de la Purísima, bajo la protección de la Ciudad Autónoma.
Este organismo, dirigido por María Luisa Cava de Llano, informó ayer de que en este año se han tramitado en el Defensor del Pueblo más de 2.000 expedientes en materia de inmigración, una cifra similar a la del año 2010. En la mayoría de estos expedientes, según informó ayer el Defensor del Pueblo, se pone de relieve los efectos de la crisis económica en el colectivo migrante, que es “especialmente vulnerable” en estos momentos.
La demora en la tramitación de las renovaciones de las autorizaciones de trabajo y residencia así como los “graves” retrasos que padecen los expedientes de nacionalidad en los distintos registros civiles son el objeto de la mayoría de las quejas de los ciudadanos extranjeros que se dirigieron al Defensor del Pueblo durante este año.