El Defensor del Pueblo ha avanzado este viernes sus primeras conclusiones sobre lo sucedido en el perímetro fronterizo de Melilla el pasado 24 de junio y tras analizar la documentación recibida por parte del Ministerio del Interior y del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la institución concluye que se efectuó un rechazo en frontera de 470 personas sin contemplarse las previsiones legales tanto nacionales como internacionales.
El Tribunal Constitucional establece que el rechazo en frontera ha de tener en cuenta la aplicación a las entradas individualizadas, pleno control judicial y el cumplimiento de las obligaciones internacionales (Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, que en su disposición décima establece el régimen especial para Ceuta y Melilla).
Desde la institución se lamenta la pérdida de vidas humanas y los heridos causados en la tragedia, y se insiste en que ese día se registró una situación de riesgo previsible en la zona a la vista del desarrollo inicial de los acontecimientos.
Del visionado de las imágenes recibidas en la institución se puede comprobar que, en una puerta del perímetro fronterizo, una avalancha de personas provoca un amontonamiento y aplastamiento con consecuencias mortales.
El Defensor del Pueblo no ha dado por concluida esta actuación y ha solicitado a la Secretaría de Estado de Seguridad la remisión de más imágenes del 24 de junio del perímetro fronterizo que podrían ayudar a aclarar algunos extremos.
La institución mantiene abiertas, mientras tanto, actuaciones dirigidas a diversas administraciones. Una ellas destinada al Ministerio de Exteriores para que refuercen, con medios materiales y humanos, embajadas y consulados a fin de que las personas con necesidades de protección internacional puedan acceder a ellos y solicitar asilo sin tener que arriesgar sus vidas ni utilizar vías irregulares de entrada en el país.
Asimismo, a la Fiscalía General del Estado se le ha dado traslado del testimonio y parte de lesiones de uno de los residentes entrevistados en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla por técnicos de la institución.
Por otra parte, se ha solicitado información sobre los procedimientos de determinación de la edad de los presuntos menores residentes en el Centro de Menores La Purísima (Melilla)
También se prosiguen actuaciones con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) -al objeto de conocer el protocolo seguido con los partes de lesiones de las personas que resultaron heridas ese día-; con la Dirección General de Política Interior -para conocer el estado de las solicitudes de protección internacional de las personas que consiguieron acceder al CETI en dicha fecha y las incidencias apreciadas en las entrevistas realizadas por la Policía Nacional en el puesto fronterizo de Beni Enzar-; con la Dirección General de Atención Humanitaria e Inclusión Social de Inmigración -dándole traslado de las conclusiones alcanzadas tras la visita realizada, por personal del Defensor del Pueblo, al CETI, y con el Servicio de Protección de Menores de la Ciudad Autónoma de Melilla, -trasladándole las conclusiones alcanzadas tras la visita al Centro de Menores La Purísima, así como información acerca del estado de tramitación de las solicitudes de protección internacional de los menores-.
El Defensor del Pueblo en el marco de sus competencias ha formulado diversas recomendaciones y recordatorios legales al Secretaría de Estado de Seguridad para que se evite la repetición de episodios similares en los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla.
Se recomienda que se impulse la revisión de los protocolos de actuación que se activan con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Marruecos cuando se produzcan intentos de entrada irregular en los perímetros fronterizos de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, para que se establezca la necesidad de gestionar las fronteras de manera integrada, segura y coordinada.
El Defensor del Pueblo también recomienda que se desarrolle, con carácter urgente, la disposición décima de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, de conformidad con la interpretación del Tribunal Constitucional que, como ya se ha señalado, establece qué ha de tenerse en cuenta cuando se produce un rechazo en frontera.
En la primera valoración sobre lo sucedido se incluye además como recomendación que se deje constancia escrita de que al extranjero se le ha facilitado información sobre protección internacional de conformidad con lo previsto en la Directiva 2013/32/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013. Y que se potencie la información internacional a fin de prever situaciones de presión fronteriza extrema, con el objetivo de incrementar los operativos de atención humanitaria en el perímetro terrestre en coordinación con la Secretaría de Estado de Migraciones y la Agencia de Asilo de la Unión Europea.
En escrito dirigido a la Secretaría de Estado de Seguridad se incluyen varios recordatorios legales. Entre ellos el de aplicar un enfoque de derechos en la gestión fronteriza a fin de garantizar el derecho a la integridad física y moral, sin que nadie pueda ser sometido a malos tratos, tratos inhumanos o degradantes.
Que se impida cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el ejercicio de su actuación profesional. También que se dicten las órdenes oportunas para que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estén siempre identificados.
Por otra parte, el Defensor del Pueblo apunta en su balance que se tiene constancia de que el Ministerio Fiscal ha iniciado una investigación por los hechos objeto de esta queja, por lo que las conductas o hechos presuntamente delictivos estarían ya siendo analizados por la institución competente para ello. El Defensor del Pueblo estará atento al desarrollo de dicha investigación.
Ángel Gabilondo lamentó, ya desde el día de los trágicos sucesos, la pérdida de vidas humanas y los heridos registrados. El Defensor del Pueblo se puso en contacto, el mismo 24 de junio, con la delegada del Gobierno en Melilla y con la directora general de la Guardia Civil para interesarse por lo sucedido y por las víctimas.
También telefoneó al presidente de la Ciudad Autónoma. El Defensor preguntó por el estado de las personas que llegaron a territorio español y por la situación de los miembros de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que resultaron heridos en los incidentes.
El 27 de junio se recibió una queja presentada por nueve asociaciones y ese mismo día se admitió y se iniciaron las actuaciones. Las mismas dieron lugar a solicitudes de información ante diversos organismos administrativos.
El pasado 19 de julio, Ángel Gabilondo y la adjunta segunda, junto a un equipo técnico de la institución, viajaron a Melilla para conocer in situ el testimonio sobre lo sucedido de los representantes institucionales de la ciudad, de los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, de las entidades que trabajan en la zona y de quienes accedieron al territorio español -ahora en el (CETI)-.
El 20 de septiembre el Defensor del Pueblo recibió del Ministerio del Interior la documentación, que incluye imágenes y videos, sobre los acontecimientos en el perímetro de la valla de Melilla del pasado 24 de junio.
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