El CSIF ofrece sus servicios jurídicos a los no afiliados de la UTE Melilla

Tras comprobar en las nóminas de este mes que la empresa sigue en su empeño de no repartir las bonificaciones de las cuotas patronales, se prevé un aluvión de denuncias. Los sindicatos representados en el Comité de Empresa en la UTE de la limpieza viaria en Melilla se preparan para denunciar a la empresa por no repartir las bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social con sus cerca de 400 trabajadores. Cada sindicato asesorará a sus afiliados dentro de la plantilla de la empresa adjudicataria de la limpieza viaria, pero será CSIF, primera fuerza sindical en el Comité de Empresa, la que pondrá a disposición sus servicios jurídicos para los empleados no afiliados a ningún sindicato.
En el pasado, fue también este sindicato, a través de su representante en la UTE, Antonio Guerrero, el que ofreció los servicios del abogado del CSIF a estos trabajadores que no están afiliados a ninguna fuerza sindical y que, en este tipo de situaciones, quedarían en una situación de desventaja o desprotegidos en la defensa de sus derechos. Guerrero explicó a El Faro que su intención será que todos los trabajadores de la UTE Melilla, formada por FCC y Urbaser, interpongan las denuncias correspondiente, en las que también están trabajando CCOO y UGT, para reclamar vía judicial el cumplimiento del acuerdo alcanzado entre estos dos últimos sindicatos con la patronal, la CEME, el pasado mes de diciembre.
El acuerdo del reparto de las cuotas patronales es de obligado cumplimiento después de la publicación del mismo en el Boletín Oficial de Melilla (BOME) del pasado 25 de enero, según indicó Guerrero, quien dijo asumir este documento, a pesar de que CSIF no participó de las negociaciones con la CEME para su firma.
A principios del pasado mes de febrero fue Comisiones Obreras la que ya alertó de las intenciones de la UTE Melilla de no repartir las bonificaciones e incumplir así el acuerdo. Las explicaciones de la empresa adjudicataria de la limpieza no convencieron entonces y ahora a los responsables sindicales de CCOO, pues alegaron que en el momento de la licitación del contrato no se tuvo en cuenta este reparto, ya que el Congreso aún no lo había aprobado.
Desde la empresa explicaron a El Faro esta misma circunstancia y pasaron la pelota al tejado de la Ciudad Autónoma. De hecho, emplazaron a los responsables del Comité de Empresa a reunirse con el consejero de Medio Ambiente, José Ángel Pérez Calabuig, para tratar este asunto. Esta petición fue tomada por CCOO como una estrategia de la empresa para demorar aún más la aplicación del reparto. De hecho, El Faro preguntó al consejero de Medio Ambiente, pero éste no quiso pronunciarse sobre el asunto al tratarse de un conflicto entre trabajadores y empresa en el que, como en otras ocasiones, la Consejería se mantiene al margen.
La patronal insistió en que las empresas melillenses deben cumplir el acuerdo, por lo que ante el empeño de la UTE Melilla de no repartir, los trabajadores se ven abocados a presentar sus respectivas denuncias, de manera individual para reclamar las cantidades correspondientes, que oscilan entre 60 y 80 euros mensuales por cada empleado, según su categoría profesional.