El Comité de Empresa del Centro de Menores de La Purísima ha denunciado públicamente la falta de interlocución con la consejera competente, Randa Mohamed, a la que acusan de no haberles recibido en cerca de diez meses. Según trasladan desde CGT Melilla, esta situación ha derivado en decisiones que afectan directamente a las condiciones laborales de la plantilla, especialmente en lo relativo a la aplicación de convenios colectivos y a la falta de respuestas sobre varias reclamaciones planteadas por los trabajadores.
El comité critica que, en el último encargo a Tragsatec, los trabajadores hayan quedado vinculados al IV Convenio Colectivo pese a la inminente entrada en vigor del V Convenio, lo que califican como un perjuicio económico para la plantilla. En este sentido, consideran que se ha actuado con “prisa” en este caso, en contraste con otros servicios como las ludotecas, donde aseguran que se ha optado por una “espera estratégica” para aplicar condiciones actualizadas.
Desde la representación de los trabajadores sostienen que esta diferencia de criterio evidencia un trato desigual entre plantillas que dependen de la misma Administración. Aunque afirman alegrarse de que otros empleados puedan beneficiarse de mejores condiciones salariales, rechazan que en La Purísima se haya actuado de forma distinta, con consecuencias directas sobre sus nóminas y derechos laborales.
Asimismo, los representantes de los trabajadores cuestionan el modelo de gestión a través de Tragsatec, al que consideran una solución temporal que no resuelve los problemas estructurales del servicio. Defienden, en cambio, la gestión pública directa como vía para garantizar estabilidad laboral, igualdad salarial y unas condiciones equitativas para toda la plantilla.
Desde CGT advierten además de la posibilidad de que el conflicto derive en un proceso judicial, si no se adoptan medidas a corto plazo. Por ello, exigen la convocatoria urgente de una reunión conjunta entre la Administración, Tragsatec y el Comité de Empresa para abordar la situación.
Los trabajadores reclaman, entre otras cuestiones, la aplicación de las tablas salariales correspondientes, el abono de atrasos y una solución política que ponga fin a la incertidumbre que, aseguran, arrastra el servicio.