Los menores sin escolarizar de la ciudad, un grupo integrado por unos 160 niños y niñas, vieron cómo transcurría el pasado curso escolar, entre protestas y recogidas de firmas, sin que finalmente consiguieran ser admitidos en ningún centro. La Asociación Pro Derechos de la Infancia (Prodein), que está acompañando a los familiares en esta batalla, va a dar parte a la Fiscalía General del Estado de esta problemática a través de un escrito que pretende registrar hoy mismo. En el mismo, a cuyo borrador ha tenido El Faro, ruega al órgano que “intervenga ante las autoridades que corresponda” para que estos niños no se queden sin ir al colegio el curso que viene.
El presidente de la asociación, José Palazón, explica en el documento que según la postura de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación los menores no pueden ser admitidos al no estar dados de alta en el padrón. “Son niños de corta edad, en su mayoría nacidos en Melilla y de familias con un fuerte arraigo en la ciudad”, recalca el activista. Según expone en el escrito, el requisito del empadronamiento es “imposible de solicitar por en Ministerio de Educación al amparo de la legalidad vigente”.
Palazón subraya que exigir el padrón “choca frontalmente con el artículo 9.1 de la Ley de Extranjería, que establece que los extranjeros menores de 16 años tienen el derecho y el deber de la educación”.
A su vez, el fundador de Prodein hace hincapié en que la orden que regula la admisión de alumnos en centros públicos y privados concertados en las ciudades de Ceuta y Melilla establece que “el único documento exigido es el acreditativo de que reúne los requisitos de edad”, además de que viven habitualmente en la ciudad. Esto es algo que, mantiene Palazón, se puede demostrar con el pasaporte, la tarjeta sanitaria o el libro de familia. “El empadronamiento es un requisito opcional a los meros efectos de seleccionar un centro educativo en función de la cercanía del domicilio familiar, según el artículo 16.2 de la orden”, recalca.
Según detalla el presidente de Prodein en el escrito registrado en la Fiscalía General del Estado, “no cabe duda” de que estos menores y sus familiares residen en Melilla de forma habitual. Tampoco de la edad de los menores, incide. “Tanto en el curso anterior como en el presente acreditaron ambas cosas con los correspondientes documentos originales: pasaportes, partidas de nacimiento, libros de familia, tarjetas sanitarias, declaraciones juradas y facturas”, indica.
De acuerdo con la exposición de hechos formuladas por Prodein, los padres de estos menores excluidos del sistema educativo español “han sufrido distintas humillaciones en algunos de los centros educativos”. Según critica en el documento remitido al Fiscal General, se les ha llegado a negar el registro de la solicitud en colegios alegando que estaban “solicitando cosas ilegales”.
Prodein denuncia que todas las solicitudes que se han presentado de cara al próximo curso escolar “han sido denegadas por el Ministerio de Educación en Melilla por la falta del padrón de los menores”. Según subraya, se han repetido casos de familias en las que una parte de los hijos están escolarizados y otros no.
Por otro lado, Palazón ha dado parte de “la inacción de la Fiscalía de Melilla”. Según lamenta, ha presentado varios escritos detallando la situación de unos 160 niños y niñas, además de solicitar que sean escolarizados, “tal y como hizo la Fiscalía de Ceuta el curso anterior, y en Melilla dos veces anteriores”.
Este escrito es la última actuación de Prodein para que estos niños vayan a un colegio público y no se vean así obligados a acudir a la Residencia de Estudiantes Marroquíes Musulmanes, cuyo plan de estudios no es reconocido por el sistema educativo español.
El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, que hoy estará de visita en nuestra ciudad, ha manifestado públicamente su preocupación por la situación de los menores sin escolarizar. Lo hizo en su comparecencia en el Senado el pasado 19 de junio. “Hay un grupo de niños nacidos en Melilla, hijos de padres extranjeros situados en esa ciudad a través de procedimientos no regulares, que quieren ir al colegio y no se les facilita esa escolarización”, lamentó entonces. Prodein entregó en abril al Defensor del Pueblo las 100.000 firmas recogidas a favor de la escolarización de estos niños y tuvo ocasión de hablar de este asunto con Fernández Marugán.
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