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El BOE publica las medidas económicas del Gobierno para Ceuta y Melilla

El Real Decreto-ley 22/2026 extiende a Melilla bonificaciones fiscales y de cotizaciones dentro de un paquete de 309 millones destinado principalmente a Ceuta

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este miércoles el Real Decreto-ley 22/2026, de 1 de septiembre, que incluye medidas fiscales y de cotizaciones a la Seguridad Social aplicables a Melilla, dentro de un paquete más amplio de 309 millones de euros que el Gobierno destina principalmente a Ceuta tras la entrada irregular de migrantes registrada los días 30 y 31 de julio. Entre las novedades para Melilla figuran una mayor bonificación en el Impuesto sobre Sociedades y un incremento de las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social.

La norma, aprobada por el Consejo de Ministros el 1 de septiembre, se articula en tres capítulos y 40 artículos, y moviliza un total de 309 millones de euros repartidos en tres grandes bloques.

El primero, de 229 millones, se destina al refuerzo de la seguridad, los servicios públicos y la acogida humanitaria. De esa cifra, 90 millones se dedican al despliegue de seguridad: 74 millones para el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, en concepto de personal, logística y mantenimiento, además de incentivos excepcionales al rendimiento de 8 millones para la Guardia Civil y 7,1 millones para la Policía Nacional. Otros 118 millones se destinan a la atención y acogida humanitaria, con 63,6 millones específicos para menores extranjeros no acompañados y 53,4 millones para el alojamiento y la atención básica de personas migrantes.

Los 21 millones restantes de este bloque se reparten entre sanidad (3,5 millones para contratar a 100 nuevos profesionales del Ingesa), educación (3,2 millones para seguridad en centros docentes y acompañamiento psicosocial), justicia (4,5 millones para refuerzo de personal, asistencia jurídica gratuita y despliegue informático) y agua, con una subvención directa de 2 millones a la ciudad autónoma que se suma a otra partida de 7 millones para la planta desalinizadora.

El segundo bloque, de 67 millones, financia el apoyo a la actividad económica. Incluye 36,6 millones en ayudas directas a empresas y autónomos de Ceuta, con importes de 5.000 euros por autónomo y de entre 10.000 y 150.000 euros por empresa según su facturación; una medida que beneficiará a 2.600 autónomos y 1.400 empresas y podrá solicitarse desde el próximo lunes 14 de septiembre en la sede electrónica de la Agencia Tributaria, con pagos previstos para principios de octubre.

A esto se suman 14 millones para comercio y turismo, canalizados a través de la Cámara de Comercio de Ceuta en campañas institucionales y bonos de consumo; 12 millones anuales de alivio fiscal permanente, que eleva del 50% al 60% la bonificación del Impuesto sobre Sociedades para entidades que operen en Ceuta o Melilla y mejora el IRPF de los autónomos; 2 millones para el Plan Ceuta Exporta del Icex y la promoción turística internacional; y una línea de avales del ICO de hasta 50 millones, junto con 2 millones para implantar una Sociedad de Garantía Recíproca.

El tercer bloque, de 13 millones, recoge medidas laborales y de cotización. Destaca la bonificación estructural de cuotas: 12,2 millones en 2026 para elevar del 50% al 75% la bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social por contratos indefinidos en Ceuta y Melilla, una reforma que tendrá un impacto anual de 36,6 millones de euros por ciudad a partir de 2027. El decreto también dota con 650.000 euros la formación laboral gestionada por el Sepe, establece exenciones del 100% en las cotizaciones empresariales para negocios con actividad interrumpida mediante Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), y activa una prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos afectados.

El Impuesto sobre Sociedades es, junto con las bonificaciones de cotización, la vía por la que las medidas alcanzan expresamente a Melilla: la bonificación general sube del 50% al 60% y se amplían los límites de renta presunta por trabajador para empresas con centro de trabajo en la ciudad autónoma.

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