Randa Mohamed a Tasende: “El menor es menor, sea hijo mío o sea hijo del vecino”

En un áspero debate durante el pleno de la Asamblea de Melilla, la consejera de Políticas Sociales, Randa Mohamed, ha lanzado una contundente respuesta al diputado de Vox, Miguel Tasende. “El menor es menor, sea hijo mío o sea hijo del vecino”. Con esta afirmación, la consejera ha subrayado la posición del Gobierno de Imbroda ante la polémica sobre los recursos destinados a la atención de menores (acompañados o no), defendiendo la atención universal y sin discriminaciones para todos los niños y niñas de la ciudad autónoma, independientemente de su origen o situación familiar.

La interpelación de Vox se ha centrado en la implantación del convenio de enfermería escolar en Melilla, iniciativa que entró en vigor en marzo a través de un acuerdo entre la Ciudad Autónoma y el Ministerio de Educación. Tasende ha aprovechado su intervención para cuestionar aspectos técnicos del convenio y, sobre todo, para señalar el elevado coste económico que la Ciudad está asumiendo con fondos propios (más de 724.000 euros) a pesar de no tener competencias directas en materia sanitaria y educativa.

El diputado de Vox ha valorado positivamente el papel de los enfermeros escolares en los centros educativos públicos, pero también también ha criticado al Ejecutivo por no haber destinado aún más recursos a esta iniciativa, sugiriendo que el dinero podría haberse empleado mejor si no se asumieran otros gastos sociales, como el traslado de menores no acompañados a centros terapéuticos en la península. Su discurso ha incluido una crítica a la atención dispensada a estos menores frente a la que reciben “los hijos de los contribuyentes”.

La réplica de Randa Mohamed ha sido tajante. En un tono firme y sin ambigüedades, ha defendido la actuación del Gobierno, subrayando que la atención al menor no puede supeditarse a criterios económicos ni diferenciar entre niños en función de su procedencia o situación administrativa.  Ha insistido en que la Ciudad Autónoma, pese a no tener competencias en la materia, realiza un esfuerzo económico voluntario para garantizar una atención digna a toda la infancia.

El convenio de enfermería escolar, en particular, ha supuesto la incorporación de 17 enfermeros a los centros de infantil y primaria sostenidos con fondos públicos. Según ha explicado la consejera, estos profesionales no sólo atienden urgencias y administran medicación, sino que también desempeñan labores de prevención, promoción de la salud, coordinación con salud pública y mantenimiento de botiquines escolares. Se trata, en palabras del Gobierno, de un proyecto integral de salud escolar que busca crear entornos educativos más seguros y saludables.

Además, la consejera ha adelantado que ya se trabaja en ampliar la jornada laboral de estos profesionales a 25 horas semanales en el próximo curso 2025-2026, cubriendo así toda la jornada lectiva. También se está negociando la creación de una figura de coordinación específica para homogeneizar el servicio en todos los centros. Esta medida forma parte de un conjunto de inversiones que la Ciudad Autónoma ha puesto en marcha para reforzar el sistema educativo de Melilla, con una inversión total superior a los 4 millones de euros, todo ello sin contar con apoyo económico directo del Estado.

Desde Vox, Tasende ha insistido en la necesidad de gestionar con responsabilidad los recursos públicos, señalando que el convenio establecía la posibilidad de ampliar el número de enfermeros “siempre que existiese crédito suficiente”. A su juicio, la Administración debe actuar con realismo presupuestario. “El dinero es un bien escaso que sale del bolsillo de los contribuyentes”, ha relatado, y ha pedido que se prioricen las inversiones que afecten directamente a los hijos de los melillenses.

Sin embargo, para el Gobierno, esa lógica es inaceptable cuando se habla de derechos fundamentales. “No se trata solo de competencias, sino de responsabilidad política y moral”, ha replicado la consejera. En su intervención final, ha reafirmado que la infancia no debe convertirse en objeto de disputa partidista ni de cálculos económicos. “Podríamos mirar hacia otro lado y decir que se apañe el Ministerio, pero no lo estamos haciendo y no lo vamos a hacer”.