El abogado y familiares de Aarras siguen sin saber dónde se encuentra tras su “oscura” extradición a Marruecos

Nayim Mohamed denuncia que España “se ha saltado a la torera” sus obligaciones como estado adherido al protocolo de la ONU sobre derechos civiles y políticos. “Creo que España ha dejado de ser un Estado de Derecho” declaró ayer visiblemente derrotado Nayim Mohamed, abogado de Alí Aarras, quien aseguraba a este medio que ha sido “por la prensa” como se ha enterado que su representado, el melillense con nacionalidad belga reclamado por Marruecos, fue efectivamente extraditado al país vecino el pasado martes, sin que se produjese ningún tipo de comunicación oficial ni a él mismo, como letrado que lleva su defensa, ni a los padres, esposa ni familiares del citado Aarras.
Nayim Mohamed no da crédito a que el Gobierno español “se haya saltado a la torera” el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, por el que se solicitaba a España que paralizase la extradición de Aarras, entre tanto se sometía a análisis la demanda presentada por su defensa ante Naciones Unidas, inquiriendo que la entrega a Marruecos no se produjera.
El abogado, a expensas todavía en el día de ayer de que el Ministerio de Justicia, el de Interior o Instituciones Penitenciarias le notifiquen oficialmente la extradición de Aarras a Marruecos, ni sabe dónde se encuentra su patrocinado ni ningún otro detalle sobre su posible paradero.

Apoyo de AI

Ayer, Nayim Mohamed no paró de recibir llamadas de distintas organizaciones pro defensa de los Derechos Humanos en Inglaterra, Francia y Bélgica. Entre ellas, la del secretario internacional de Amnistía Internacional, Mateo de Bellis, quien le informó de las gestiones iniciales de AI ante el Ministerio de Justicia marroquí para saber dónde se encuentra Aarras, así como la posibilidad de ejercer acciones legales contra los responsables de la decisión de su entrega física a Marruecos. En Amnistía tampoco se comprende que se le haya extraditado “cuando todavía estaba pendiente de resolución la demanda presentada ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU”.
De hecho, España no sólo admitió el dictamen inicial del citado Comité de Naciones Unidas, por el que se pedía que la extradición de Aarras se paralizase. El pasado 7 de diciembre, a través de su representación permanente ante la ONU, nuestro país contestó la misma resolución, presentando sus correspondientes observaciones y alegaciones. A partir de entonces, se abrió un plazo de dos meses para que la defensa de Aarras presentara también su contrarréplica. Sin embargo, “se han saltado todo el procedimiento a la torera”, insistía Nayim Mohamed, “cuando España, en virtud del art. 96 de la Constitución española, está obligada a cumplir los tratados internacionales que suscribe y que se incorporan a nuestro ordenamiento jurídico. El Gobierno nacional ha hecho una interpretación muy sui generis diciendo que ese dictamen no le vinculaba. La realidad –proseguía el letrado-  es que estamos ante un estado soberano que puede tomar decisiones independientes, pero siempre en consonancia con la declaración de derechos civiles y políticos a la que nuestro país decidió adherirse y que además inspira la Constitución vigente del año 78”.

Comité de la ONU

El Comité de Derechos Humanos de la ONU fue informado ayer mismo por Nayim Mohamed de lo sucedido. Al habla con un miembro del secretariado de las Naciones Unidas, en concreto Carmen Rosa Rueda, el letrado no sólo trasmitió “la flagrante violación” que ha hecho España del protocolo de defensa de derechos civiles y políticos al que nuestra nación lleva adherida desde hace décadas. Un extremo sobre el que ya existe jurisprudencia por incumplimientos similares de otras naciones  y que, según dijo Mohamed, puede reportar “una sanción contra España o un llamamiento al orden por parte de la ONU”.

Trasfondo político

La ardua batalla legal es sin embargo un frente bien distinto a las connotaciones políticas que están primando en este asunto, tal cual señala el abogado. Convencido de que han primado “intereses diplomáticos” por encima de los derechos civiles y carta general de los derechos humanos, el letrado no duda en calificar de “incompetente” al delegado del Gobierno en Melilla por atribuir a una decisión de la Audiencia Nacional la extradición de Aarras.
“Todo procedimiento de extradición –dice al respecto-, se inicia con un acuerdo del Consejo de Ministros, que primero decide si se le da trámite o no judicialmente; pero, además, también  termina con una decisión del mismo Consejo de Ministros, que finalmente aprueba o deniega la extradición. Si fuera por una decisión de la Audiencia Nacional, como pretenden hacer creer para tergiversar y confundir a la opinión pública, por qué no se extraditó a Mohamed El Bay, para el que la Audiencia también informó favorablemente su extradición a Marruecos”, aunque a la postre el Consejo de Ministros decidió denegarla, dando curso por ello a su inmediata puesta en libertad.
La pregunta de Nayim Mohamed guarda relación con el conflictivo debate en curso sobre el auténtico valor de la nacionalidad española o de cualquier otro país europeo en el caso de aquellos ciudadanos con apellidos de origen marroquí y susceptibles de ser reclamados por Marruecos como nacionales de éste país. “Si nos atenemos a las tesis marroquíes, que considera súbditos de Marruecos a todos los melillenses y ceutíes de origen rifeño por la postura conocida del país vecino sobre la soberanía española de Melilla y Ceuta, estaremos incurriendo en una peligrosa cesión de nuestra españolidad”, añadía el letrado en su razonamiento sobre el alcance de lo sucedido.
“Nosotros somos españoles y no queremos ser ciudadanos de segunda categoría”, apostillaba Mohamed, visiblemente derrotado por una extradición “sin luz ni taquígrafos, que también conculca abiertamente lo previsto en la Ley de Extradición pasiva vigente en España”.

Indicios

El único indicio de que la extradición podía producirse surge, según el abogado, a raíz de unas declaraciones el pasado martes del delegado del Gobierno en Melilla, en las que decía que el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU no debía considerarse vinculante para España. “Este señor –dijo respecto de Escobar- no ha hecho más que demostrar en todo este asunto su manifiesta incompetencia. Varias veces nos reunimos con él para hacerle llegar las inquietudes de los familiares de Alí Aarras, para que sirviese de correo y trasmisor ante el Gobierno de España, pero creemos que no ha hecho más que perjudicar gravemente los intereses de Aarras. Lejos de trasmitir nada lo que sí ha hecho es venir aquí con la lección bien aprendida desde Madrid, con el fin de preparar el terreno para una extradición hecha desde el lado más oscuro de la ley. El delegado del Gobierno ha incurrido en una clara dejación de su responsabilidad y ha tomado el pelo a esta defensa, a la familia de Alí Aarras y a todo el pueblo de Melilla”.