Dos personas han sido indemnizadas con alrededor de 3.000 euros cada una después de denunciar, basándose en el artículo 14 de la Constitución, a la Delegación del Gobierno por diferencias salariales con respecto al IV Convenio de la Administración General del Estado –en uno de los casos- y por la discriminación y trato desigual en los planes de empleo desde 2019 en el segundo, ante el Juzgado de Lo Social, con el apoyo de la Confederación General del Trabajo (CGT). En definitiva, por vulneración de derechos fundamentales en el otro.
Desde la Delegación del Gobierno han aclarado que no se pueden comparar las dos sentencias sobre los planes de empleo –la otra afecta a la Ciudad Autónoma-, porque, mientras los trabajadores de estos últimos estaban dentro del convenio y sujetos a una disposición que se declaró nula, los contratos de los primeros estaban fuera de convenio.
Por lo tanto, al tratarse de planes de empleo distintos de administraciones públicas diferentes, la sentencia referente a la Ciudad Autónoma, que obliga al Gobierno local a abonar las diferentes salariales, no es de aplicación en el caso de la Delegación del Gobierno.
En su momento, después de la sentencia sobre los planes de empleo -que incluía los problemas referidos a los criterios de selección-, la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, explicó que estaban acatándola y, a través de sus servicios jurídicos, la estaban analizando para ponerle solución al problema y ver qué respuesta se podía dar, así como para asegurarse, al mismo tiempo, de que no volverían a sufrir lo mismo en el futuro.
Finalmente, y tras solventar los problemas jurídicos derivados de la sentencia, los planes de empleo de 2024 echarán finalmente a andar durante el primer trimestre de este año.
Sin llamadas para los planes de 2024
El pasado día 3 de enero, de hecho, ya se publicó el listado de ocupaciones y la titulación requerida para los primeros, que contarán con 13 millones de euros para dar cobertura a 1.290 personas en educación, Imserso, Autoridad Portuaria, Jefatura Superior de Policía y demás organismos correspondientes a la Administración General del Estado. Los interesados tuvieron hasta el pasado día 17 de enero para modificar las ocupaciones demandadas para los planes de empleo.
A día de hoy, dos semanas más tarde, la Delegación del Gobierno ha confirmado que todavía no se ha empezado a llamar a nadie, pero que la previsión, insisten, es que las contrataciones comiencen a realizarse durante el primer trimestre de este año, teniendo en cuenta que la idea es que, a continuación de los planes de empleo correspondientes a 2024, empiecen los de 2025.
Cabe recordar que los planes de empleo que estaban paralizados por la sentencia judicial eran los correspondientes a 2023. Esos son los que no se han llegado a materializar, salvo unos pocos contratos, ya que tenían que finalizar, como fecha límite, el 31 de diciembre. Los planes de empleo de 2024 sí se pondrán en marcha con un aumento presupuestario de 11 a 13 millones para compensar la pérdida de los anteriores. En cuanto a los de 2025, la duda es cuándo se desarrollarán, con lo que, dependiendo de la fecha en que se convoquen, podrían coincidir en el tiempo con los de 2024.
