Vista del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) a la península en el que se encuentran este miércoles 468 inmigrantes subsaharianos, marroquíes y argelinos y donde se ha registrado un caso positivo de coronavirus. EFE/ Reduan Dris
Dos ONG de Melilla han presentado una queja ante el Defensor del Pueblo y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) por la expulsión de varios solicitantes de asilo del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, que llevan viviendo en la calle desde hace más de un mes y medio. La queja, a la que ha tenido acceso Efe, ha sido registrada por la Asociación Mec de la Rue (MdLR), a la que se ha sumado Geum Dodou, señala que los solicitantes de asilo expulsados malviven debajo de un puente que hay cerca del centro migratorio, en una situación de “abandono en la calle” por unas “medidas disciplinarias o restrictivas” de acceso a necesidades básicas por parte del CETI que provocan “situaciones de vulnerabilidad”. La queja muestra la preocupación de estas ONG por el hecho de que “las medidas disciplinarias de régimen de funcionamiento interno sean tomadas no por personas de ámbito de lo social, sino por cuestiones de seguridad”. “Nos cuestionamos el funcionamiento del CETI porque no se sabe si son medidas disciplinarias desde el punto de vista educativo, si son restrictivas o son de expulsión”, agregan estas ONG, que insisten en que este centro migratorio carece de reglamento interno y sólo tiene “unas normas de convivencia sin que en ellas se explique las causas y consecuencias” de su incumplimiento. Tras la expulsión de estos solicitantes de asilo del CETI, la Delegación del Gobierno en Melilla confirmó a Efe la aplicación de la retirada temporal de acogida a algunos de los residentes del CETI, pero alegó que se debía a “cuestiones muy graves, como por ejemplo, la agresión por arma blanca a otro residente o la tenencia y consumo de droga de forma reiterada”. Asimismo, aseguró que en el CETI se aplican unas normas de convivencia y las sanciones por su incumplimiento, recogidas en el RD 220/2022, que van en función de la gravedad y si existe reincidencia, entre ellas la reprimenda, la realización de servicios a la comunidad y la retirada temporal de las condiciones de acogida en los casos más graves con reiteración de los hechos.