Las esperadas elecciones legislativas y presidenciales libias, la hoja de ruta política presentada por el presidente tunecino tras arrogarse plenos poderes o el aumento de la migración debido a la inestabilidad en la región son algunos de los principales desafíos que afronta el norte de África en este próximo 2022:
La convivencia entre Argelia y Marruecos, que mantienen sus fronteras cerradas desde 1994, volvió a tensarse el pasado mes de agosto después de que Argel rompiera sus relaciones diplomáticas a raíz del conflicto del Sáhara Occidental y el apoyo que otorga al Frente Polisario además de acoger en su territorio a más de 200.000 refugiados saharauis.
Argelia acusa a su vecino de "actos hostiles", entre ellos la supuesta financiación del Movimiento por la Autodeterminación de la Cabilia (MAK) y el movimiento islamista Rachad, ambos clasificados por el régimen como “organizaciones terroristas” el pasado mes de febrero. A esto se suma la revelación periodística sobre el presunto uso por parte de los servicios de inteligencia marroquíes del programa de espionaje israelí "Pegasus" para piratear los teléfonos de miles de líderes políticos y militares argelinos.
Desde comienzos de año más de 32.000 personas - 1.308 de ellas menores - han sido interceptadas en la ruta migratoria del Mediterráneo Central, una de las más letales del mundo, cuando trataban de viajar de forma irregular a Europa y fueron devueltas a Libia pese a ser considerado un país "no seguro" por las organizaciones humanitarias.
Durante este mismo periodo, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al menos 573 personas han fallecido y otras 933 se encuentran desaparecidas. Amnistía Internacional denuncia que los llamados "centros de reagrupación y retorno" en Libia son escenario de torturas sistemáticas, violencia sexual y trabajos forzados y pide a la Unión Europea cesar su cooperación en materia migratoria.
Desde que el presidente de la República, Kais Said, decretara el pasado 25 de julio el Estado de excepción, ha cesado al primer Ministro, Hichem Mechichi; congelado el Parlamento, suspendido la casi totalidad de la Constitución y monopolizado todos los poderes para "preservar la paz social".
Tras meses de presiones por parte de la sociedad civil, sindicatos y la comunidad internacional para regresar a la vía democrática, el mandatario anunció su hoja de ruta: celebrar un referéndum el próximo 25 de julio para reformar la Constitución y elecciones legislativas anticipadas el 17 de diciembre. El colectivo opositor "Ciudadanos contra el golpe de Estado", que reúne a figuras políticas de diferentes corrientes, denuncia un "régimen autoritario basado en eslóganes populares" y propone también comicios presidenciales antes de 2023.
Tras una década de conflicto civil, los libios esperaban celebrar el pasado 24 de diciembre las primeras elecciones presidenciales del país desde su independencia de Italia en 1951. Sin embargo, a 48 horas del escrutinio, la Comisión Electoral pospuso la cita con las urnas de manera indefinida debido a los conflicto entre el poder político y judicial.
El principal obstáculo es la ausencia de una base constitucional y la designación del centenar de candidatos, entre ellos Saif al Islam, hijo y considerado sucesor del dictador Muamar al Gadafi; el mariscal Jalifa Hafter, líder de las milicias del este y hombre fuerte del país; y el primer ministro interino, Abdelhamid Debaibah, un multimillonario que hizo fortuna durante la dictadura y que se comprometió a no participar en los comicios.
El 'Hirak', movimiento de protestas populares contra un quinto mandato del entonces presidente Abdelaziz Buteflika y más tarde contra el régimen militar que domina el país desde su independencia en 1962, cumplirá el próximo mes de febrero su tercer año de existencia. Tras varios meses de ausencia debido a la crisis sanitaria, los manifestantes fueron duramente reprimidos durante su último intento de retomar las calles el pasado mayo.
Desde entonces numerosos militantes, activistas por los derechos humanos y periodistas continúan siendo enjuiciados por los cargos de "atentado contra la seguridad nacional" o "atentado contra el presidente". Según el Comité Nacional para la Liberación de los Detenidos (CNLD), al menos 254 personas se encuentran actualmente encarceladas por su participación en manifestaciones o su defensa de los derechos individuales.
El Gobierno tunecino ha anunciado que regresará a principios de año a la mesa de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para tratar de cerrar un nuevo crédito- el cuarto durante la última década- con el fin de hacer frente a una deuda exterior de 30.000 millones de euros, lo que representa el 100% de su PIB.
La poderosa centra sindical, la UGTT, ya ha advertido sin embargo que no aceptará las medidas de austeridad propuestas en privado por la administración de Nedjla Bouden- en el poder desde septiembre- que incluyen la rebaja del 10 % del sueldo de los funcionarios, su congelación salarial durante los próximos cinco años, la privatización de empresas del sector público y la retirada de las subvenciones a los productos de primera necesidad.
En paralelo al proceso electoral, Libia debe hacer frente a un delicado alto el fuego negociado hace más de un año por Rusia y Turquía y que abrió la puerta a un nuevo proceso de paz y reconciliación impulsado por Naciones Unidas. Una tarea que se complica debido a la falta de un plan para desarmar a las milicias y expulsar a las fuerzas extranjeras así como a los más de 20.000 mercenarios reclutados por ambas partes.
Otro de los objetivos del Gobierno transitorio de Unidad Nacional (GNU) durante este periodo será la unificación de las instituciones del Estado, incluida la creación de un Ejército libio bajo un mando único. La justicia transicional también será un gran desafío: con una población de cerca de siete millones, al menos un millar de personas han perdido la vida y más de 355.000 se han visto desplazadas durante la contienda.
Argelia se encuentra sumida en una aguda crisis económica desde que en 2014 se desplomara el precio del barril del petróleo y gas, ambas materias representan cerca de 98% de las exportaciones- lo que le convierte en el séptimo productor mundial- y un 60% de los ingresos del Estado. Sin embargo, según cifras oficiales, el país ha agotado ya el 60% de sus reservas petroleras y aumenta su consumo interno a un ritmo del 7% anual.
El gobierno, que prevé una dura caída de sus ingresos del sector en los próximos meses debido a la fluctuación del mercado y al impacto de algunas de sus políticas geoestratégicas, busca limitar su dependencia energética a través de la diversificación de exportaciones sin rebasar su línea roja: recurrir a la impresión de dinero o al endeudamiento externo.
La crisis de la COVID-19 en Túnez no sólo ha puesto el foco en el precario sistema de sanidad público y la falta de infraestrucuturas sino que ha ampliado las desigualdades sociales en el país. Los más afectados son aquellos trabajadores del mercado informal que viven con lo que ganan al día y que, según el Instituto Nacional de Estadísticas, representan el 44% de los empleos.
En su último informe sobre "Justicia social, una vacuna contra la austeridad", Oxfam revela que el presupuesto estatal dedicado a la sanidad se ha visto reducido en la última década del 6,6% al 5% mientras que el de educación ha caído de un 26,6 % a un 17 %. Por ello insta al Ejecutivo a implementar políticas sociales y a convertir en su principal prioridad la lucha contra la evasión fiscal, que en 2018 representó 7.800 millones de euros, el 24 % del PIB.
El sector turístico, que representa el 14% del PIB y genera más de 400.000 empleos directos e indirectos, ha vivido una década convulsa marcada por la inestabilidad política tras la revolución de 2011, la cadena de atentados terroristas de 2015 que terminaron con la vida de 72 personas- 60 de ellas ciudadanos extranjeros- y la quiebra del turoperador británico Thomas Cook en 2019.
Cuando por fin el sector recuperaba aliento en 2019, con cerca de 9,4 millones de visitas, la crisis del coronavirus golpeó de nuevo con una caída del 60% de sus ingresos. Aunque las cifras han mejorado un 6% durante este 2021, gracias al turismo local y a la diáspora tunecina, acumula pérdidas de 1.500 millones de euros.
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