“Nuestra legislación de menores es idónea, falta un desarrollo suficiente”

Con motivo del 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño y del 60 de ña Declaración, el Fiscal de Sala Coordinador de Menores, José Javier Huete Nogueras, quien hablará sobre Melilla, los menores extranjeros no acompañados, la gestación subrogada o los medios económicos que pone la Administración para ejecutar los derechos de los menores y protegerlos de los riesgos a los que se enfrentan.

–¿Qué información le llega sobre la situación en Melilla?

–Melilla tiene una situación especial por la posición geográfica y el número de menores que suele aparecer por allí con una pretensión de llegar a la Península y poder dirigirse, o bien al resto de Europa, o bien poder quedarse en territorio nacional y por sus circustancias geográficas específicas que tiene la Ciudad Autónoma complican notoriamente la aplicación de todos los derechos que la Convención de Derechos del Niño y nuestra legislación de infancia estipulan porque las plazas son limitadas, las disponibilidades económicas también y es difícil atender a los menores cuando en los centros están dos, tres o cuatro veces por encima de su capacidad. Dentro de estas dificultades, sé que la Consejería está haciendo todo lo posible dentro de márgenes de actuación que tienen. Lo que es necesario es llegar a acuerdos con las Comunidades Autónomas para hacerse cargo y liberar el territorio de los excesos que hay ahora mismo en la ciudad.

–¿La justicia va acorde con las nuevas situaciones que se dan en la infancia, como la transexualidad?

–La última actuación de la justicia fue la resolución del Tribunal Constitucional en la que, respecto a la legislación anterior que indicaba que había que ser mayor de edad para realizar un cambio de sexo, a establecer que no es así dentro de lo que marca la legalidad. Hay que cambiar la legislación atendiendo a los criterios jurisprudenciales y al sentir social de cara al Parlamento para que se haga un cambio legislativo adecuado a esos derechos. Lo que importa es que la legislación vaya acomodada a los tiempos, cuando el Tribunal Constitucional ha hecho esa interpretación habrá que seguir esa línea y ver cómo modificar esa norma.

–¿Que me puede decir sobre los menores extranjeros no acompañados?

–La percepción que se tiene se inseguridad es una percepción subjetiva. Las personas ven su situación de seguridad de manera diferente de unos a otros. Muchas veces, en un entorno temporal o geográfico, ver un grupo de personas distintas crea una inseguridad que no tiene por qué corresponder a la realidad ¿Cuando se puede decir que hay una sensación de inseguridad que tiene base real? Cuando los datos los datos que se estén facilitando o manejando pongan en evidencia que hay un incremento de actividades delictivas cometidas por menores. Yo he tratado este tema con el juez de Menores de Melilla y a mí me transmitía la misma percepción: no es que comentan más delitos, claro que comenten delitos, pero los nacionales también, por lo que no son más. Que esa percepción que se tenga imponga esa criminalización del colectivo, puede generar esa respuesta ciudadana de sentirse desprotegidos. Lo que yo puedo trasmitir son los datos que me facilita la fiscalía no evidencia que haya un aumento de los delitos cometidos por los menores extranjeros. Si utilizamos a los menores en las campañas electorales, hay que hacerlo con mucho cuidado porque no podemos olvidarnos que tenemos, como Estado suscrito a unas obligaciones internacionales porque somos firmantes de convenios de derechos civiles, que nuestra legislación obliga a actuar de una determinada manera. Otra cosa es que se quieran plantear modificaciones de la legislación vigente, que se debe hacer por la vía parlamentaria y justificando su cambio, teniendo en cuenta que la Constitución exige que se respeten determinados derechos humanos.

–¿Y por qué cuesta entender esto?

–Yo creo, que es mi opinión personal, que la educación es básica en todo este mundo de la infancia y la adolescencia. Es absolutamente indispensable que se fomente la educación en valores ciudadanos, en valores de tolerancia, en valores de aceptar al diferente y una vez que esa educación vaya calando en nuestra sociedad, será más fácil que no se produzcan situaciones como veo que tienen lugar en algunas ocasiones. Esto es un problema generalizado de ajuste del modelo educativo, que necesitamos hacerlo porque hay una serie de herramientas y de actuaciones nuevas que deben ser objeto de una educación especializada y permita la asumpción de los menores de los valores ciudadanos.

–¿La Ley protege a los menores de Internet?

–La red ofrece tal variedad de cosas y muchas muy peligrosas, que los menores están en situación de riesgo cuando acceden a Internet. Por eso hay que darles una educación en la que estos sepa cuáles son los riesgos de Internet y que aprendan a decir que no a muchas cosas que les resultarían atractivas con un click. La red es un entorno donde hay tensiones entre la libertad de información frente la restricción. Nosotros podemos alertar de que cuando se detecten esas situaciones de riesgo, se denuncien para poder cerrar esas páginas.

–¿La Ley en España protege suficientemente a los menores?

–La Ley tiene un contenido protector más que suficiente y por lo tanto loable. Por tanto, lo que se exige es su desarrollo, que está lleno de dificultades porque en el ámbito de la protección la cuestión es los recursos económicos destinados a los menores. Por eso es indispensable una asumpción de todas las autoridades que intervienen en el ámbito de la formación y de la atención a menores y detectar cuáles son esas necesidades y cuáles son los recursos adecuados para cada tipología de atención que sea necesaria para que los servicios sociales detecten pronto situaciones de riesgo. La legislación contempla mecanismos suficientes y están pensados para que la protección sea la necesaria. No es así con los recursos que han sido puestos a disposición en las entidades autonómicas para poder atender debidamente los menores, y más cuando la presión migratoria sigue siendo muy elevada.

–¿Entonces la Ley es suficiente para la protección de los menores, pero falla la ejecución?

–¿Cuando interviene la justicia en la Administración? Nosotros como fiscales, lo que vamos a hacer es controlar la acción de esta con la atestación de atención a los menores. Eso en el punto final, es decir, cuando se ha detectado la situación de riesgo y se ha declarado el desamparo. Hay que situarse en el estadio previo, vamos a ver cómo todos los actores sociales pueden intervenir para evitar tener que llegar a esas situaciones. Detectando la situaciones de riesgo pronto para poder intervenir en los entornos sociales del menor y evitar que tengamos que llegar a las medidas judiciales, que muchas veces son radicales, como son situar al menor con familias de acogida o en residencias. Nuestra legislación de menores es idónea, falta un desarrollo suficiente, también por los recursos y las necesidades que cada entidad pública pueda detectar en su territorio y ahí donde hay que hacer más hincapié.

–¿Sobre la gestación subrogada qué dice la Ley?

–En norma está prohibida. Hay que cumplir determinadas exigencias, que no se estaban produciendo, por ejemplo, en Ucrania, porque no podemos controlar todas las situaciones, ya no es la misma de los que han acudido a otros países, a España o a Ucrania. La cuestión no es si se puede o no hacer en España, que no se puede, sino que si se puede registrar como hijo de una determinada persona con arreglo a la legislación donde se produjo el nacimiento de la criatura y ese es el ámbito donde está la discusión.

–¿Y sobre el día de hoy?

–Vamos a celebrar los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño, que es exigente y ya que España la firmó, tenemos que ser también exigentes en su cumplimiento.