Ocho varones de origen subsahariano pasaron el martes a disposición de las autoridades marroquíes. Según pudo saber El Faro, los migrantes llegaron el domingo a nuestra ciudad, a donde fueron trasladados tras arribar en patera a las islas Chafarinas. Pese a que la Delegación del Gobierno informó entonces de que serían trasladados al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), fueron devueltos a Marruecos en aplicación del acuerdo bilateral que hay entre ambos países.
La asociación Pro Derechos de la Infrancia (Prodein), presidida por José Palazón, señaló ayer que estas ocho personas serían devueltas al país vecino a través de las islas Chafarinas. Apuntó que allí serían recogidas por las autoridades marroquíes. Al respecto, la activista Helena Maleno, de la ONG Caminando Fronteras, aseguró que se violaría “la legalidad internacional” al permitir que Marruecos accediera a las islas de soberanía española para llevar a cabo esta devolución.
La activista aseguró por la mañana que la Delegación del Gobierno en Melilla tenía detenidas a más de 30 migrantes con el propósito de expulsarlas a Marruecos. “Muchas son mujeres supervivientes de una tragedia, entre ellas una embarazada”, dijo. El organismo no lo confirmó ni lo desmintió.
Por otro lado, según pudo saber El Faro a través de distintas fuentes, otras cinco personas, tres mujeres y dos varones, pudieron regresar al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) después de poner de manifiesto en dependencias policiales que querían formular una petición de asilo.
Además, fuentes judiciales confirmaron a El Faro que en la mañana de ayer un número indeterminado de personas subsaharianas pasaron a disposición judicial.
Este grupo, del que se desconoce de cuántas mujeres y varones está formado, será trasladado a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). En el Juzgado de Guardia se autorizó que estas personas fuesen privadas de libertad en un CIE de la península por un plazo máximo de 60 días. De allí serán finalmente repatriadas a sus países de origen o puestas en libertad.
La anterior información contrasta en parte con la expuesta por Maleno en redes sociales, donde afirmó que varias mujeres serán llevadas al CIE de Madrid “para intentar deportarlas a sus países de origen”. Según aseguró, viajaron en una de las pateras que llegó a Melilla el pasado día 10, después de pasar “horas a la deriva con tres cadáveres a bordo y un desaparecido”.
El Faro trató de contrastar de forma oficial estas informaciones a través de la Delegación del Gobierno, el Ministerio del Interior y el Cuerpo Nacional de Policía , entre otros organismos. No hubo éxito.
El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) manifestó su “preocupación” por los migrantes “detenidos por la Policía, especialmente por el grupo de mujeres”. Según incidía la asociación que presta asesoramiento jurídico a personas en tránsito, España tiene el deber de identificar a las víctimas de trata, solicitantes de asilo y menores “para proceder a darles protección”. Al respecto, subrayaba que ante todo debían garantizarse los derechos humanos.
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