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Detenidos por el empadronamiento ilegal de extranjeros irregulares en Melilla

La Policía Nacional arresta a cinco personas, una de las cuales arrendaba una vivienda falsificando el alquiler

La Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Jefatura Superior de Policía de Melilla ha detenido en los últimos días a cinco personas involucradas en la inscripción fraudulenta en el Padrón Municipal de Melilla de varios ciudadanos de nacionalidad marroquí en situación administrativa irregular, a través de contratos de arrendamiento falsificados.

La trama comenzaba cuando un varón de nacionalidad española, que trabaja para una asesoría/gestoría de Melilla, captaba a ciudadanos marroquíes que necesitaban estar empadronados en un domicilio de la ciudad para acceder a la documentación necesaria que regularizase su situación en el Espacio Schengen. El captador les ofrecía dicha posibilidad mediante la formalización de un contrato de arrendamiento sobre un domicilio de Melilla, si bien quedaba claro desde un principio que la intención no era residir en él, sino únicamente lograr el alta en el Padrón Municipal para acceder a los beneficios inherentes a dicha inscripción.

En ese punto, entraba en escena otro varón de nacionalidad española con conocimientos en la materia, quien mediante la falsificación de la rúbrica de su exmujer, legítima propietaria de una vivienda de Melilla, suministraba los contratos de arrendamiento correspondientes, los cuales tras pasar todos los depósitos legales requeridos, desembocaban en la inscripción en el Padrón Municipal de los falsos arrendatarios.

La firma se llevaba a cabo en la sede de la gestoría estando presentes el captador, el facilitador del contrato y los arrendatarios, no así la propietaria de la vivienda, por ser ajena a todo el engaño, ya que su exmarido era quien simulaba su firma para la consumación del contrato.

De esta forma se logró el empadronamiento de seis ciudadanos de nacionalidad marroquí, que utilizaron la documentación para legalizar su situación administrativa en España, llegando a pagar en el acto de la firma una cantidad próxima a los 2.000 euros a repartir entre el captador y el facilitador del contrato.

A los detenidos se les imputan los delitos de falsedad documental y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

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