Detenido un joven buscado desde hace dos meses por atentar contra policías

• Se le acusa de arrojar un objeto a un vehículo policial, cuyo impacto rompió su luna trasera

La Delegación del Gobierno informó ayer de la detención por parte de la Policía Nacional de un joven al que buscaban desde hace dos meses por atentar contra agentes de este Cuerpo. El individuo está acusado de arrojar un objeto contra un vehículo policial que patrullaba por el barrio de Las Palmeras. El impacto fracturó la luna trasera del automóvil.

El arrestado, que tiene 21 años de edad, supuestamente cometió esa conducta el pasado 23 de octubre, según la nota de prensa difundida por la Policía Nacional.

A las 19:35 horas de la citada fecha, dos agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) del citado Cuerpo se encontraban patrullando por la calle Arquitecto José Joaquín González Edo, en Las Palmeras. Los efectivos detuvieron su vehículo para identificar a un individuo. En ese momento, el automóvil recibió el impacto de un objeto que fracturó el cristal de la luna trasera.

Una vez en dependencias de la Jefatura Superior de Melilla, agentes de la Brigada de Policía Científica extrajeron el objeto del maletero del vehículo para su estudio. Como resultado de las diferentes pruebas realizadas, se consiguió la identificación de un individuo de 21 años de edad con antecedentes por malos tratos en el ámbito familiar.

La investigación

Agentes del Grupo de Delincuencia Urbana (GDU) de la Brigada de Policía Judicial se hicieron cargo de las investigaciones posteriores. De esta forma, consiguieron localizar a este individuo en la tarde del pasado miércoles 20 de diciembre en las proximidades del barrio de Las Palmeras. Finalmente, los policías procedieron a su detención.

Tras concluir el atestado policial, el detenido, un marroquí de 21 años de edad carente de residencia legal en territorio español, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de los de Melilla.

Código Penal

El Código Penal establece en su artículo 550 penas de prisión de uno a cuatro años y multa (se refiere a una sanción económica añadida) de tres a seis meses “si el atentado fuera contra la autoridad”.