Destinan 54.500 euros a Melilla para atender la salud mental

A instancia de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, el Consejo de Ministros ha aprobado este lunes la distribución territorial de 16 millones de euros destinados al Plan de Acción de Salud Mental para el ejercicio presupuestario de 2022, de los cuales Melilla contará con 54.458,18 euros.

Si bien dicho acuerdo se someterá al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), ha trascendido que estos fondos estarán gestionados por las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), y servirán para impulsar las acciones del Plan de Acción de Salud Mental 2022-2024, que tiene como objetivo afrontar los efectos generados por la pandemia del covid en la salud mental de la población.

En concreto, esto se llevará a cabo mediante el desarrollo de acciones priorizadas de la Estrategia de Salud Mental 2022-2026 en todos los ámbitos del SNS, a través de seis líneas de actuación encuadradas en la optimización de la atención integral a la salud mental.

Las acciones, cofinanciadas por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas y el Ingesa, se preocuparán, por ejemplo, por mejoras en la transformación digital y por combatir la estigmatización de las personas con problemas de salud mental.

Otras de las líneas a financiar están relacionadas con el desarrollo del código riesgo contra la conducta suicida o iniciativas para prevenir y atender estos casos. Asimismo, se distribuirán fondos para establecer mecanismos y circuitos ágiles para la mejora del acceso a los servicios de salud mental de las personas con conducta suicida y la prevención en personas en situación de vulnerabilidad, como los mayores o población infanto-juvenil.

Además, con el objetivo de "cuidar al cuidador", los fondos servirán para el desarrollo de programas específicos para la ayuda y el apoyo a los profesionales sanitarios y socio-sanitarios con problemas de salud mental relacionados con su labor asistencial.

También se destinarán recursos a actuar en las distintas autonomías para priorizar la implantación de programas de prevención con y sin sustancias.