La Comisión de Hacienda ha desestimado este viernes las tres únicas alegaciones que se habían presentado a los presupuestos generales de la Ciudad Autónoma para 2024, que fueron inicialmente aprobados hace una semana. Las propuestas, formuladas por un ciudadano particular y la Asociación de Comerciantes del Rastro, se rechazaron porque ninguna de ellas entraba dentro de los supuestos legales para que fueran estimadas. "La mera aplicación de la literalidad de la ley habría permitido la desestimación sin entrar más en detalle", comentó al respecto el titular del área, Daniel Conesa.
Sin embargo, los miembros de la comisión, en la que están también representantes de la oposición, han querido entrar en el fondo de las alegaciones. La más importante de ellas, la relacionada con los comerciantes del Rastro, que pedían el establecimiento de una partida presupuestaria específica de 3 millones de euros para indemnizar a los comercios supuestamente afectados por el retraso en la conclusión de las obras de la calle Gacía Cabrelles.
En definitiva, exigen a la Ciudad Autónoma indemnizaciones por entender que existe una "responsabilidad patrimonial" que, por sí solo, ya es un procedimiento admnistrativo aparte y que está establecido en las normas. En definitiva, se entiende, según Conesa, que no es necesario que exista una partida específica. En definitiva, la alegación "no tenía ningún tipo de enjundia desde el punto de vista presupuestario y normativo", explicó.
El rechazo de la alegación no implica, sin embargo, que la Ciudad Autónoma se vaya a desentender de este colectivo de comerciantes. Según Daniel Conesa, Proyecto Melilla (Promesa) ya está trabajando en un régimen de ayudas cuyas bases "se van a aprobar de forma inmediata". "Serán ayudas a estos comerciantes para revitalizar su actividad después de verse afectado por las obras".
Daniel Conesa entiende que esos comerciantes "están enfadados y tienen toda la razón del mundo" porque el retraso de las obras va más allá de lo normal. "Tienen toda la razón del mundo al estar enfadados, cabreados y preocupados por la situación".
El Gobierno además ha querido dejar claro que la vía de la responsabilidad patrimonial está abierta siempre pero que hay que seguir un procedimiento, acreditar el daño, que éste sea verídico. En cualquier caso, precisó el consejero popular, la responsabilidad recaerá en primera instancia sobre la empresa adjudicataria de las obras, cuya responsabilidad fue de CpM.
"Nosotros hemos dejado de manifiesto la voluntad de la Administración de ayudar en todo lo posible mediante subvenciones de Proyecto Melilla y, si se diera el caso, a través de estudios de solicitudes de responsabilidad patrimonial con respecto a los empresarios, que tienen toda la razón del mundo a la hora de manifestar su desasosiego", indicó para añadir que esas obras "fueron muy mal planificadas por el Gobierno anterior". "No sé cómo CpM se atreve a hablar porque los problemas que estamos viendo son la consecuencia de una malísima planificación y una peor adjudicación, que algún día tendrán que explicar".
Las dos alegaciones que restan fueron rechazadas también con el voto en contra de la oposición. Se referían ambas a las retribuciones del personal directivo de la Ciudad Autónoma, altos cargos, consejeros, vicepresidentes de la Mesa de la Asamblea, diputados, etc.
Pleno el jueves
Una vez rechazadas las enmiendas, la Mesa de la Asamblea ha convocado el Pleno de aprobación definitiva de los presupuestos generales de la Ciudad Autónoma de 2024 para el próximo jueves, una aprobación que tendrá carácter automático. "Se le ha dejado claro a la oposición que esta iniciativa está ya votada y no hay que votarla otra vez. Lo que se ha hecho es desestimar por motivos legales unas alegaciones y eso implica la aprobación inmediata del presupuesto de forma definitiva".
Tras la aprobación final del presupuesto, el presidente del Gobierno, Juan José Imbroda, podrá firmar el decreto y quedará para su pronta entrada en vigor.
