Desciende ligeramente el grado de resolución de asuntos en los juzgados de Melilla

Los juzgados del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que se ocuparon de casos de Melilla durante el tercer trimestre de este año resolvieron 2.711 asuntos de un total de un total de 6.487 casos que había en trámite al inicio del período y los 3.162 que ingresaron. Comparado con el mismo período del año pasado, se resolvieron 2.830 casos de 5.770 del comienzo y los 2.868 que ingresaron. Estas cifras implican que el grado de resolución bajó desde el 32,90 por ciento hasta el 28,09 por ciento .

Si la comparación se hace con el segundo trimestre de este año, cuando 3.461 asuntos resueltos, entonces 6.407 estaban en trámite y 3.532 ingresaron, por lo que entonces el porcentaje fue del 34,82.

En concreto, los datos proporcionados por el TSJA distinguen entre seis categorías dependiendo de las competencias.

Así, el tercer trimestre de 2022, los seis órganos de jurisdicción civil resolvieron 877 asuntos de los 2.226 con que empezaron el período y de los 964 que ingresaron. Los nueve órganos de jurisdicción penal dictaron sentencia para 1.648 casos de los 2.971 en trámite al inicio del período y los 1.931 ingresados. Por lo que se refiere a la jurisdicción administrativa, sus tres órganos resolvieron 86 casos de 220 que había en septiembre y 80 que entraron. Además, por lo que respecta a la jurisdicción social, los juzgados de lo social solucionaron 100 casos de 1.070 que había al principio del período y 187 que entraron posteriormente.

De esta forma, 6.938 casos continuaron en trámite al final del período, siendo la gran mayoría de ellos de jurisdicción penal -3.279- y civil -2.313-. Los 13 órganos de estas jurisdicciones emitieron un total de 678 sentencias, 1.089 autos y 594 decretos.

De ellos, nueve tribunales de jurisdicción civil proclamaron 218 sentencias, 245 autos y 521 decretos. Los diez de jurisdiccón penal, 339, 784 y 24, respectivamente. La jurisdicción contencioso-administrativa resolvió 60 sentencias, 33 autos y cuatro decretos, en tanto que, por lo que respecta a la jurisdicción social, 61, 27 y 45.

Por lo que se refiere a la ejecución de sentencias, se registraron 471, se resolvieron 1.023 y 4.692 seguían en trámite al final del período.

Finalmente, el informe dedica un capítulo a las llamadas tasas, indicadores de varios apartados.

Así, la tasa de resolución quedó en 0,86. Esto es el cociente entre los asuntos resueltos y los ingresados en un determinado periodo. Pone en relación el volumen de ingreso con la capacidad resolutiva.Un órgano, territorio o jurisdicción está en mejor situación cuanto mayor sea su tasa de resolución. Si es mayor que uno indica que se esta resolviendo mas de lo que ingresa.

La tasa de pendencia -2,57- es el cociente entre los asuntos pendientes al final del periodo y los resueltos en ese periodo. Cuando elperiodo sea distinto del año se ponderará el numero de asuntos resueltos para expresarlo en términos anuales. Si se multiplica por 12 indica el número de meses que se necesitaría, con el mismo ritmo resolutivo y sin ningún ingreso, para acabar con la pendencia. Su principal finalidad es permitir la comparación de la pendencia de órganos, territorios o jurisdicciones, o de estos durante el tiempo. Un órgano, territorio o jurisdicción está en mejor situación cuanto menor sea su tasa de pendencia.

La tasa de sentencia -0,25- expresa el cociente entre el número de sentencias y el de asuntos resueltos, expresado en tanto por ciento. Indica el porcentaje de asuntos que se resuelven por sentencia.

Por último, la tasa de congestión -3,56- resulta el cociente donde el numerador esta formado por la suma de los asuntos pendientes al inicio del periodo y los registrados en ese período y donde el denominador son los asuntos resueltos en dicho periodo.Un órgano, territorio o jurisdicción está en mejor situación cuanto menor sea su tasa de congestión. En el caso de Melilla, sólo la congestión social muestra unos valores elevados, con una cifra de 12,57.

300.000 asuntos en Andalucía

Por lo que se refiere al conjunto del territorio abarcado por el TSJA, los órganos judiciales registraron durante los meses de julio, agosto y septiembre de este año 300.028 nuevos asuntos, lo que supuso un incremento del 6,5% con respecto al mismo trimestre de 2021. En el mismo periodo, la actividad de los tribunales andaluces aumentó un 1,1 por ciento con la resolución de 275.853 asuntos. Al final del trimestre, quedaron pendientes de resolución 649.576 asuntos, un 0,8% más que en el tercer trimestre de 2021.

Los litigios aumentan un 7,5 por ciento el tercer trimestre

Los órganos judiciales de toda España registraron durante los meses de julio, agosto y septiembre de este año 1.522.449 nuevos asuntos, lo que supuso un incremento del 7,5 % con respecto al mismo trimestre del año 2021.

En el mismo periodo, la actividad de los tribunales españoles aumentó un 2,3 por ciento con la resolución de 1.360.060 asuntos. Al final del trimestre, quedaron pendientes de resolución 3.296.466 asuntos, un 5,4% más que en el tercer trimestre de 2021.

El informe del CGPJ

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) difundió su informe estadístico sobre la ‘Situación de los órganos judiciales en el tercer trimestre de 2022’, que muestra cómo, salvo en la jurisdicción de lo Contencioso- Administrativo, donde disminuyó un 3,7%, el ingreso aumentó en todas las jurisdicciones respecto al mismo trimestre de 2021. En el orden Civil lo hizo en un 10,8%; en el Penal, un 6,6% y en el Social, un 1,7%.

En lo que respecta a la resolución de asuntos, se observaron incrementos en la jurisdicción Civil, del 3,3%, y en la Penal, del 3%. Por el contrario, disminuyó un 3,7 % en la de lo Contencioso-Administrativo y un 6,2 % en el orden Social.

Tasa de litigiosidad

La tasa de litigiosidad en el conjunto de España fue de 32,1 asuntos por cada 1.000 habitantes. Las Comunidades Autónomas que mostraron una tasa de litigiosidad superior a la nacional fueron Canarias (41,1), Andalucía (34,6), Islas Baleares (34,5), Cataluña (33,6), Murcia (33,5), Asturias (33,4) y Comunidad Valenciana (32,5).

En el otro extremo, los territorios con menor tasa de litigiosidad fueron La Rioja (21,9), País Vasco (22,3) y Extremadura (24,7).