Derecho a discrepar

Dedicaba el diario El País dos páginas de su publicación dominical del pasado domingo, 4 de agosto, a formular un pormenorizado análisis de lo que, en opinión del articulista, Ángel Munárriz, representaba la orgánica de lo que él denominaba como los soldados españoles de la “batalla cultural de la derecha”, que, a decir del autor, “domina la política en Estados Unidos, tras “fagocitar” al Partido Republicano y avanza también en España.” Según el autor, “Vox y organizaciones en su órbita, figuras del ala dura del PP, asociaciones de la derecha católica y grupos ultraliberales en el terreno económico han importado una forma de entender la política basada en la confrontación radical contra los valores progresistas”.

No quedaba claro, no obstante, en el meticuloso análisis, si se consideraba legítimo que determinados ciudadanos, agrupados en diferentes asociaciones, partidos políticos o plataformas, o de manera individual, expresasen sus discrepancias con el devenir de lo que se ha venido en convertir, para el común de la ciudadanía, en el discurso único o el único mensaje políticamente correcto. Porque de eso es de lo que, al fin y al cabo, se trata. La impresión con la que yo me quedé, tras la lectura del artículo, fue la de que se pretendía una descalificación subliminal de todas y cada una de las personas o grupos vinculados a este tipo de discrepancias con el discurso de la izquierda, que el autor calificaba como de progresista.

Empieza, de hecho, el artículo, con una relación de estos supuestos “guerreros culturales” enumerándolos como “un think tank -gabinete de estudios- aliado de Viktor Orban, una escuela amadrinada por la sobrina de Marine Le Pen, un avispero de entidades antiabortistas, una asociación católica con más de un siglo de historia que combate ahora la “corrección política”, el instituto que ha premiado a Javier Milei por su “ejemplar defensa” de la libertad, un grupo contra la izquierda woke que reúne a ex dirigentes de Ciudadanos, clásicos del PP y algún fichaje de Vox, el partido de Santiago Abascal y un puñado de satélites”.

En resumidas cuentas, mucho más foco en la identidad de las personas que promueven este tipo de iniciativas que en los argumentos que defienden y sobre los que, a priori, no se emite parecer alguno, cuando, en mi opinión, es lo realmente sustancial e importante de lo que, en el ámbito público, se debate o se debería debatir. Parece perseguirse el descalificar el mensaje mediante la descalificación del mensajero. “Cómo va a ser legítima la discrepancia, si procede de estas personas”.

Por otra parte, en las dos publicaciones diarias de medios de comunicación de Melilla, el Melilla Hoy y el Faro, el diputado local del Partido Socialista Obrero Español Rafael Robles Reina, publicaba el pasado lunes una colaboración que llevaba por título “Hasta nunca Feijóo y Puigdemont”, en la que, igualmente, en lugar de debatir argumentos y ofrecer puntos de vista sobre los asuntos de la realidad nacional actual, se conformaba con poner en tela de juicio el talante democrático de sus adversarios políticos, manifestando que “mucho se ha hablado de las herencias políticas de nuestra derecha que, a diferencia a la europea, se suma al carro democrático de su entorno, con 40 años de retraso. No olvidemos que la izquierda de este país”, dice el autor, “básicamente la conforman los mismos partidos políticos y fuerzas sociales que consiguieron resistir en clandestinidad la represión de la dictadura franquista, entre 1939 y 1977.”

Otro posicionamiento maniqueo, en el que, a juicio del autor y en defensa, un tanto espuria, de sus intereses, la realidad la conforman los angelicales “progresistas” y los satánicos “conservadores”. ¿Argumentos?, ¿debate sobre algún asunto de interés?, cero patatero.

Este pasado miércoles se ha conocido la designación del candidato a Vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica por el Partido Demócrata, Tim Walz, gobernador de Minnesota. Hasta hace apenas dos semanas, un perfecto desconocido para el público general fuera de su Estado, pero saltó a la fama en las últimas dos semanas, por su manera directa de expresarse, al calificar a sus rivales republicanos, los candidatos Donald Trump y J.D. Vance, como “gente rara”. Otro “sólido” argumento de pugna política que persigue eludir el tener que ofrecer alternativas sobre los asuntos que preocupan o pueden preocupar a los ciudadanos mediante el subterfugio de descalificar a sus interlocutores y lo que éstos puedan decir, que, cuando sea expuesto por ellos, lo será con la “indiscutible” desventaja de ser expuesto por “gente rara”. Méritos para una candidatura que hacen preocuparse por el contenido de sus presuntos objetivos políticos y ofertas para la ciudadanía.

Conocida es la persecución, por tierra, mar y aire, proyectada por destacados miembros del Gobierno, contra el Juez Juan Carlos Peinado, que ha alcanzado el nivel de la presentación de sendas querellas de prevaricación por la parte afectada en la instrucción del procedimiento que, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en el ámbito privado, instruye contra Begoña Gómez, esposa del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El hito más hilarante de esta persecución se produjo cuando algún meritorio de las filas de la izquierda, “descubrió” que Juan Carlos Peinado tenía dos DNI,s., no reparando hasta días después, en que se trataba de dos personas diferentes, con el mismo nombre, aunque, lógicamente, con diferentes DNI,s. Paranoias persecutorias que conducen al ridículo, sobre el que, después, pasan de puntillas, pretendiendo que sean olvidados. Pero la estrategia es la misma. Descalifiquemos a la persona que presenta argumentos que nos son incómodos, a ver si así conseguimos neutralizarlos.

Pues bien, cualesquiera que sean las perversas intenciones que se me atribuyan por cualquiera de las características personales, profesionales, ideológicas, familiares, religiosas, sociales o de cualquier otra índole, que conforman mi identidad personal yo seguiré considerando que lo realmente relevante es intercambiar puntos de vista sobre los asuntos que, como sociedad, nos atañen y cómo afrontarlos de la manera más beneficiosa para el conjunto de los ciudadanos y seguiré ejerciendo, a pesar de todo, mi derecho a discrepar.