Denuncian que en Melilla las parejas de lesbianas no pueden acceder a tratamientos de reproducción asistida en la sanidad pública

La Federación estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (FELGTB) ha recordado, en el aniversario de la aprobación de la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo, que existe "un vacío legal" en situaciones relacionadas con la filiación de los menores y las menores, al tiempo que asevera que existen "derechos pendientes" para el colectivo.

El organismo ha destacado varios derechos que el colectivo aún no ha conquistado, entre los que destacan las dificultades que encuentran las parejas compuestas por dos mujeres, obligadas a casarse para que ambas puedan constar legalmente como madres en el registro civil, lo que destacan que es "es un claro agravio comparativo y discriminatorio" frente a las parejas heterosexuales, a las que se no se les pide este requisito.

Pese al avance que supuso la regulación del matrimonio homosexual, la Federación estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (FELGTB) recuerda que existe "un vacío legal" en situaciones relacionadas con la filiación de los menores y las menores, al tiempo que asevera que existen "derechos pendientes" para el colectivo.

En concreto, ha destacado el caso de Ceuta, Melilla, Murcia y Castilla-León, donde aseguran que la cartera básica de servicios sanitarios para que las mujeres puedan acceder a tratamientos de reproducción asistida en la sanidad pública deja fuera a mujeres sin pareja y a parejas de lesbianas.

Distintas comunidades autónomas las que en ejercicio de sus competencias en materia de sanidad, van autorizando paulatinamente la cartera de servicios para que las parejas compuestas por dos mujeres puedan acceder a este servicio público que, según la FELGTB, está negado en Ceuta y en las comunidades anteriormente citadas.

El matrimonio entre personas del mismo sexo con plenitud de igualdad cumple trece años este domingo 1 de julio de 2018. La reforma del Código Civil que lo incorporó en el ordenamiento jurídico español entró en vigor en julio de 2005 y convirtió a España en el cuarto país del mundo que legalizaba estas uniones. 13 años después, las asociaciones consideran que aún quedan derechos por conquistar.