CpM denuncia por prevaricación, coacción y delito de odio a El Barkani y Paz Velázquez

La querella también va contra un veterinario y un comandante de la Guardia Civil tras la limitación impuesta para el paso de borregos desde Marruecos durante el pasado Aid El Kebir

Coalición por Melilla (CpM) ha presentado una querella criminal por presuntos delitos prevaricación, incitación al odio y coacciones contra el delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, el veterinario Luis Jiménez García, el comandante de la Guardia Civil Ignacio Lombo y la consejera de Presidencia, Paz Velázquez. La denuncia está relacionada con la limitación impuesta para el paso de borregos desde Marruecos durante el pasado Aid El Kebir. En concreto se refiere al 15 de agosto de 2017, cuando Aberchán, junto a otros diputados de su formación, trataron de introducir los animales en la ciudad pero no se les permitió.
El líder del principal partido de la oposición dijo que las autoridades locales provocaron que la mitad de los melillenses tuvieran que abandonar la ciudad para poder celebrar sus tradiciones. El cepemista dijo que no van a permitir que el Partido Popular (PP) quiera abanderar la defensa de la convivencia y la españolidad de la ciudad.
En la querella, presentada ayer, además de a las citadas personas también se denuncia “a cuantas personas resulten responsables de los hechos”.
En la denuncia, se considera que todos los denunciantes “cumplían escrupulosamente con los requisitos que establecía la Orden Ministerial. Tanto los animales como los vehículos cumplían todos los requisitos sanitarios legalmente establecidos. Sin embargo, una vez en la frontera les impidieron el acceso de los borregos al considerar que no se cumplía el requisito de que los animales tuvieran como destino una explotación ganadera”, algo que indican que también se cumplía.
Señala que en la normativa se establecía que los animales tendrían que tener como destino una explotación ganadera y señala que las plazas de toros, mataderos y cebaderos son consideradas como tales. Precisa que en el caso del 15 de agosto, los corderos iban al matadero municipal y por lo tanto el destino era uno de los legalmente previstos. Sin embargo, señalan que no se permitió la entrada a los animales al no haber recibido una autorización expresa y por escrito de dicha explotación de destino, una autorización que aseguran que no era necesaria.

Los denunciados

En la querella se señala, por tanto, como responsables de esta supuesta irregularidad, al veterinario que estaba en la frontera, Luis Jiménez García, que firmó la orden de rechazo y reexpedición de la mercancía a Marruecos. También a la consejera de Presidencia y Salud Pública como máxima responsable del matadero municipal que se negó a recibir los corderos. Asimismo, apuntan que el delegado del Gobierno “no sólo permitió que se llevara a cabo este flagrante incumplimiento de una orden ministerial, sino que además efectuó varias declaraciones en medios de comunicación faltando a la verdad y en apoyo de la decisión del veterinario”.
Asimismo, indica que el comandante de la Guardia Civil Ignacio Lombo, siguiendo las instrucciones del veterinario, “en lugar de hacer cumplir la ley y proteger a los ciudadanos que reclamaban sus derechos, tal y como era su deber”, dictó las órdenes de desalojo por las que se obligó a los denunciantes a abandonar la frontera y dejar allí los borregos para que fueran devueltos al país vecino.
A la vista de lo expuesto, el letrado que presenta la querella considera en el texto que hay un delito de prevaricación porque los querellados “perfectamente conocedores de la orden ministerial que autorizaba la entrada de los corderos a Melilla” resolvieron obviarla y “actuar de forma contraria a derecho”.
Sobre el delito de incitación al odio, señala que se ha realizado un ataque dirigido contra parte del colectivo musulmán residente en Melilla al que se ha impedido con actuaciones contrarias a derecho el poder celebrar una de sus fiestas más sagradas, generando un clima de hostilidad y discriminación hacia ellos. Afirma que se ha humillado y discriminado tanto a los denunciantes como un colectivo completo. “Esta situación ha generado una gran inseguridad a mis representados quienes, actuando conforme a la ley, se han visto desprotegidos por parte de los funcionarios y autoridades públicas que debían haber velado por su seguridad”.
En cuanto a las coacciones, indica que la actitud de los querellados ha tenido el resultado de impedir a los denunciantes a hacer lo que la ley no prohíbe, con la intención de restringir su libertad.