Delegación, pendiente de los informes que determinarán si los planes de empleo se ponen en marcha

La Delegación del Gobierno en Melilla se encuentra en compás de espera, pendiente de la emisión de informes que determinarán si los planes de empleo previstos para la ciudad podrán finalmente ponerse en marcha y, en caso afirmativo, en qué condiciones específicas.

Según ha informado la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, la situación actual se enmarca en un "asunto meramente jurídico" que requiere de una resolución clara antes de proceder con la implementación de los planes. Moh ha enfatizado la necesidad de encontrar una "solución estructural" que garantice la viabilidad del plan de empleo a largo plazo.

Esta solución estructural, según ha explicado la delegada, debe perseguir un triple objetivo: proteger los derechos laborales, salvaguardar los intereses de la Administración General del Estado y cumplir estrictamente con la normativa vigente.

En estos momentos, no se han producido nuevos avances al respecto, tal y como ha aclarado Moh. Sin embargo, la Delegada ha expresado su confianza en obtener una respuesta definitiva en breve, lo que permitirá retomar el plan de empleo y evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

En declaraciones a El Faro, el director provincial del SEPE, Jorge Vera, aclaró que el problema de los planes de empleo no es una cuestión económica, sino que va mucho más. Si fuera algo monetario "ya estaría solucionado", por lo que, en su opinión, el problema de fondo reside en la modificación que hay que hacer en una convocatoria cerrada a raíz de una sentencia judicial para rediseñar un plan de contratación. Para todos estos cambios, la Delegación del Gobierno ha estado trabajando "incansablemente".

La problemática de los planes de empleo viene ya de lejos. La Ciudad Autónoma se reunió con Delegación para abordar, precisamente, esta cuestión de manera conjunta y encontrar una solución. Según la consejera de Presidencia y Administración Pública la convocatoria debería haber empezado el pasado 1 de julio como muy tarde para poder cumplir los plazos establecidos y no perder los 11 millones de euros que la Delegación recibe para su realización.