Delegación debe pagar una indemnización de 220.000 € a los trabajadores de la UPD

La Justicia declara “improcedentes” los despidos que se realizaron el 31 de agosto de 2012.

Ya hay una resolución para el conflicto laboral que desde hace más de un año enfrenta a los trabajadores de la Unidad de Promoción y Desarrollo (UPD) y a la Delegación del Gobierno tras el despido de estos empleados y la desaparición de esta área de esa misma entidad estatal. La Justicia ha dado la razón a los trece  trabajadores que presentaron la demanda contra la Delegación del Gobierno por despido improcedente. El Juzgado de lo Social número 1 de Melilla condena al Estado a abonar una serie de indemnizaciones por valor total de 225.289 euros y que van desde los 2.810 a los 28.006 euros, según los trabajadores. En concreto, el fallo declara “improcedentes” los despidos de los trabajadores el 31 de agosto de 2012.  
El delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, resaltó ayer que las personas que formaban parte de la UPD en 2012 “fueron elegidas a dedo”. No obstante, aseguró que la Delegación acatará la sentencia y que procederá a la indemnización que ha establecido la Justicia.
El juez de lo Social número 1  explica que estos despidos se consideran improcedentes por no cumplir con una serie de requisitos, entre ellos, los que se establecen en el artículo 53 del Estatuto de los Trabajadores, en el que se detalla que debe haber una comunicación por escrita al trabajador indicando las causas que motivan su despido con 15  días de preaviso, así como establecer el importe de indemnización equivalente a 20 días de trabajo. Tampoco se respetaron los artículos 51, 55.3 y 55.4, según la sentencia
Otro de los asuntos que se recogen en la sentencia es la imposibilidad de que estos trabajadores puedan ser readmitidos en sus puestos, ya que la UPD ha desaparecido como tal de la Delegación de Gobierno. Se asegura que el Boletín Oficial de Estado preveía expresamente la eliminación de esta unidad “al privarla del acceso a las subvenciones para la gestión de los planes de empleo”. La Justicia señala, por otro lado, que la administración de esos planes de empleo se continúa haciendo actualidad por parte de un servicio de funcionarios.

Los hechos
La Delegación del Gobierno hizo efectivo el despido de los trabajadores de la UPD el 31 de agosto del año pasado. En la comunicación que recibieron los empleados de esta unidad, que les llegó entre el 9 y el 10 de octubre, se especificaba que las causas eran “la insuficiencia presupuestaria persistente para mantener la vigencia de los planes de empleo”, según se indica en la sentencia.
Algunos de los trabajadores presentaron entre septiembre y octubre una serie de demandas en los juzgados en las que se solicitaba la anulación de este despido y pedían su readmisión en su puesto laboral.
También recoge la sentencia que el 18 de julio de 2012 el BOE publicó una convocatoria de unas subvenciones para los programas de la Escuela Taller, una de las áreas que gestionaba la UPD. Sin embargo, esa resolución se especifica que esta unidad no podía optar a estas ayudas estatales. Esto supuso la desaparición de la UPD.
Además, el juzgado asegura que se contrataron a diez funcionarios interinos para la gestión del plan de empleo en noviembre, dos meses más tarde de realizar los despidos que motivaron la demanda contra la Delegación del Gobierno. Estos nuevos trabajadores realizan sus funciones en el mismo local que los trabajadores que pertenecían a la UPD.