El Defensor reitera que todos los niños y niñas de Melilla tienen que poder ir al colegio

El Defensos del Pueblo insiste en que las niñas y niños en edad escolar deben poder ir al colegio. En una nota de prensa, expresaron que tras conocer el último dictamen del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas relativo a la escolarización de un menor de origen marroquí en Melilla, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha reiterado que todos los niños y niñas que residen en la citada Ciudad Autónoma, independientemente de su origen, deben estar escolarizados. “Los niños y las niñas de Melilla, al igual que los del resto de España, donde tienen que estar es en el colegio”, remarcó Fernández Marugán.

En su dictamen, que recoge los pronunciamientos del Defensor del Pueblo en favor de este grupo de menores y sus familias, el Comité de la ONU considera que España ha violado los derechos de A.E.A. al no tomar medidas rápidas para verificar su residencia en Melilla y al no admitirlo en el sistema educativo público inmediatamente después de que se confirmara que vivía en la ciudad.

Fernández Marugán confía en que después de este último pronunciamiento de Naciones Unidas el Ministerio de Educación ponga los medios para que ningún niño ni niña se quede sin escolarizar en Melilla el próximo curso.

Hasta ahora, seis niños y niñas que han presentado quejas ante el Comité han sido admitidos en la escuela. Sin embargo, se calcula que más de 150 menores siguen excluidos del sistema educativo público, según se recoge en el dictamen de la ONU.

El Defensor del Pueblo lleva desde 2018 denunciando la situación de estos menores y sus familias. La Institución ha iniciado más de 50 expedientes y ha formulado más de una docena de resoluciones para intentar acabar con esta situación, algunas de ellas admitidas de forma favorable por la administración educativa. Cree que está demostrado que estas familias residen de forma habitual en Melilla y que la sospecha generalizada y no documentada de la Dirección Provincial de Educación de esta Ciudad Autónoma de que son familias marroquíes que no residen allí y que pretenden escolarizar a sus hijos en fraude de ley no se ajusta a la realidad, tal y como ya hizo constar el Defensor en su último Informe Anual.