El Defensor cree que no se ha resuelto la situación del CETI de Melilla

Como balance del 2020, el Defensor del Pueblo valora CETI de Melilla al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska trasladar de manera urgente a la península a las personas más vulnerables. Exponen que se llevaron a cabo algunos traslados, pero a juicio de la Institución no resuelven la situación de este centro. Durante 2020 han continuado las actuaciones (advertencias y sugerencias) para conseguir la escolarización de un grupo de menores que, a pesar de haber nacido en Melilla en su práctica totalidad, arrastran las consecuencias de ser hijos de mujeres en situación irregular que se encuentran en la ciudad durante años, e incluso décadas, pero que viven en una situación de total invisibilidad administrativa y exclusión social.

Este año finalizará sin que la mayoría de ellos estén escolarizados. Esta situación preocupa enormemente al Defensor que considera necesario seguir buscando soluciones para garantizar el derecho fundamental a la educación de estos niños y niñas.

El mayor número de quejas remitido por la población extranjera residente en España aludía a problemas con la tramitación de su documentación. En un primer momento, se referían a la imposibilidad de conseguir cita en la policía por trámites relacionados con solicitudes de protección internacional. Sin embargo, a estas quejas se han sumado las de cientos de residentes legales que exponían la imposibilidad de acceder a una cita previa en las comisarías de Policía de sus lugares de residencia. En la actualidad, hay actuaciones abiertas en 22 provincias.

El Defensor expone que tras decretarse el primer estado de alarma se suspendió la atención presencial y se incrementó la demora en la tramitación de la documentación de estas personas. Muchos ciudadanos se dirigieron al Defensor para exponer los obstáculos que les provocaba tener sus tarjetas de identidad de extranjeros (TIE) caducadas.

Fernández Marugán formuló una recomendación a la Dirección General de Migraciones, que ha sido aceptada, para la adopción de medidas que contribuyan a paliar la situación ocasionada por la insuficiente dotación de medios personales y materiales con los que cuenta la Policía Nacional para afrontar esta situación.