Ante el incremento de la llegada de pateras a las costas españolas, el Defensor del Pueblo exigió ayer la creación de un turno específico de abogados de oficio especializado en la atención a los inmigrantes en todas las ciudades que pueden ser una vía de entrada para estas personas.
“Es necesario que los Colegios de Abogados velen por la calidad del servicio que prestan los letrados adscritos al turno de oficio de extranjería. Por tanto, abogamos por una formación especializada en esta materia que les permita detectar personas especialmente vulnerables”, señaló.
Según el Defensor, hay que seguir trabajando desde todos los ámbitos para mejorar la asistencia y acogida a las personas que llegan en situación irregular a las costas españolas. Ya en 2005 la institución elaboró un informe monográfico sobre asistencia jurídica a los extranjeros en España con la colaboración del Consejo General de la Abogacía Española y con letrados expertos en la materia.
Puso como ejemplo el sistema de atención que ha puesto en marcha el Colegio de Abogados de Málaga, que ya ha creado ese turno de oficio específico para la asistencia a los inmigrantes llegados en patera.
La organización considera “fundamental” que los letrados que atienden a estas personas cuenten con formación especializada para garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos a través de esa asistencia jurídica y para detectar personas especialmente vulnerables como menores, víctimas de trata o solicitantes de asilo.
Protocolo de actuación
Además, el defensor ya recomendó en 2016 la elaboración de un protocolo de actuación para los supervivientes de naufragios que incluyera asistencia psicológica especializada, porque considera que las dependencias policiales o los centros de internamiento de extranjeros en los que permanecen largo tiempo no reúnen las condiciones adecuadas, aunque el Ministerio del Interior la rechazó.
El Defensor de Pueblo recuerda también la importancia de que en los centros de primera asistencia y detención de extranjeros se priorice la atención a mujeres embarazadas y menores, con independencia del orden de llegada de su embarcación.
También solicita que embarazadas y niños sean alojados en centros de protección social públicos o de entidades como Cruz Roja evitando su privación de libertad.
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