El Ministerio de Defensa ha decidido implantar un sistema de respuesta temprana ante la COVID-19 que permita prevenir un posible un repunte de los casos en el ámbito de las Fuerzas Armadas el cual incluye la habilitación de rastreadores que también podrán desempeñar su labor en la administración civil.
La Subsecretaría de Defensa publicó el pasado sábado una instrucción en el Boletín Oficial de Defensa (BOD) donde se apunta que este sistema podrá responder a "apoyos puntuales y excepcionales solicitados por las autoridades competentes" ante situaciones de emergencia derivadas de la pandemia, explican fuentes de Defensa.
Para garantizar una "capacidad y control suficiente" de detección de casos en el personal de las Fuerzas Armadas se ha decidido crear un "sistema de rastreo" para "detección precoz y vigilancia epidemiológica", así como capacitar a personal militar como rastreadores.
La instrucción establece que el personal militar dedicado a este fin "dispondrá de la formación adecuada para ejercer su función", la cual será impartida por la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.
Los rastreadores militares "podrán estar a disposición de otras autoridades previa solicitud al Ministerio", explican las fuentes de Defensa, que recuerdan que la ministra Margarita Robles ha confirmado que este personal actualmente en formación podrá apoyar a las Comunidades Autónomas que consideren necesaria su ayuda.
Así, donde las administraciones "no puedan llegar o necesiten un refuerzo", ahí se van a encontrar las Fuerzas Armadas", dado que es misión suya "estar con los ciudadanos y prestar las ayudas necesarias", resaltan las fuentes.
Sus objetivos genéricos son "reducir el impacto de la pandemia" con el "fortalecimiento de los pilares que sustentan unas intervenciones oportunas y eficaces" y "preparar las capacidades de las Fuerzas Armadas" frente a la "posible transmisión" que pueda desembocar en una segunda oleada del coronavirus.
Para ello, la instrucción recoge, además de la formación de rastreadores, medidas para reforzar los recursos sanitarios, humanos y materiales precisos para hacer frente a la pandemia, como los equipos EPI, y para mejorar la prevención y protección colectiva, con instrucciones que incluyen el uso obligatorio de mascarilla.
El personal de las Fuerzas Armadas tendrá que llevarla "en espacios abiertos y cerrados en recintos militares" y fuera de ellos, según lo que establezca la normativa de cada comunidad autónoma.
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