En defensa del transporte público

Decir que la Cooperativa Ómnibus de Autobuses (COA) no atraviesa sus mejores momentos es, en los tiempos que corren, una frase hecha.

El pasado junio se suspendía el servicio de la línea 6 después de que uno de sus conductores fuera herido en un brazo con un machete. Aunque esa ruta se reanudó un mes más tarde, después de que la COA consiguiera el compromiso de la Ciudad de garantizar la seguridad de los chóferes de la mencionada línea (y también los de la 5) colocando en los autobuses mamparas que los protejan, el transporte público tiene otros problemas para los que no se vislumbra una solución ni a corto ni a medio plazo.

El Faro publica hoy datos facilitados por la propia cooperativa de autobuses, en los que se reflejan pérdidas más que considerables si se compara el tercer trimestre de este año con el mismo periodo de 2015. De julio a septiembre del año en curso, la COA perdió 47.000 viajeros y se dejó de ingresar 40.000 euros en comparación con el mismo trimestre del año anterior.

La entidad apunta a un claro culpable de estas pérdidas: la competencia desleal de conductores de automóviles que se dedican al transporte de pasajeros sin disponer de licencia para ello. Los conocidos ‘taxistas pirata’, cuya actividad, según afirman desde la COA, se extiende a toda la ciudad.

La cooperativa del bus subraya que en Melilla operan entre 250 y 300 conductores que se dedican ilegalmente a transportar viajeros. Este grupo también afecta considerablemente al sector del taxi, cuyo presidente afirmó ayer a este periódico que quienes pagan religiosamente su licencia y sus impuestos para trabajar como taxistas sufren pérdidas de miles de euros cada día por la actividad de los ‘piratas’.

La Consejería de Seguridad Ciudadana dispone de un grupo policial dedicado a detectar a ­conductores de vehículos que trabajan sin permiso. Pese a ello, según la COA y los taxistas, los ‘piratas’ siguen campando a sus anchas. Quizá la Ciudad debería plantearse incrementar la plantilla de ese grupo para garantizar que la defensa del transporte público se lleve a cabo con la mayor eficacia posible.