De Castro dice al Defensor del Pueblo que la solución para los migrantes "no puede ser la violencia"

El presidente de la Ciudad Autónoma, Eduardo de Castro, ha mantenido una reunión con el Defensor del Pueblo de España, Ángel Gabilondo, tras el inicio de la investigación del Defensor para recabar información sobre lo sucedido el pasado 24 de junio en el paso fronterizo de Barrio Chino.

Eduardo de Castro relató a su interlocutor de manera pormenorizada la secuencia del asalto masivo y violento del pasado junio. El presidente enfatizó al Defensor que, aunque estas personas huyan de la guerra y la barbarie, esa no puede ser la solución a su problemática. Por ello, De Castro insistió en la triada que ha venido defendiendo desde que se produjo el asalto: ordenación de la inmigración, ayuda al desarrollo en los países de origen y la persecución de las mafias que trafican con seres humanos.

El presidente defendió la actuación del operativo de la Guardia Civil del pasado 24 de junio y especificó al Defensor que la denuncia solo cabe a la desproporcionada intervención de la Gendarmería de Marruecos en su lado de la frontera. Esta matización ha sido resaltada por De Castro pues todas las imágenes cruentas se desarrollan en suelo marroquí y, aun así, ese evento fue calificado como ‘Tragedia de Melilla’.

Al hilo de esto, el presidente y el Defensor del Pueblo compartieron impresiones sobre el reciente informe publicado la semana pasada por el Comité Nacional de Derechos Humanos de Marruecos, que culpa a España de lo ocurrido. Dicho lo cual, el presidente le ha manifestado que ya se había pronunciado en declaraciones a los medios aludiendo a que este informe no tiene credibilidad alguna al estar emitido por un organismo oficial no independiente. Un documento que estaba, ante todo, dirigido a los países africanos, empezando por Sudán, disgustados con lo que ha sucedido a las puertas de Melilla.

En este sentido, se ha pronunciado hoy mismo la Asociación Marroquí de los Derechos Humanos en un informe demoledor que contradice por completo el informe del Consejo Nacional de Derechos Humanos, que echaba básicamente la culpa a las autoridades españolas. La conclusión de la asociación es que las infracciones flagrantes correspondieron a los cuerpos del país vecino.

Esta reunión se ha producido en la obligación de los poderes públicos de auxiliar al Defensor del Pueblo, con carácter urgente y preferente, en sus investigaciones e inspecciones, cumpliendo el presidente con este mandato.