Cuatro detenidos en Melilla por fraudes en empadronamientos con fines migratorios

La Policía Nacional ha detenido en Melilla a cuatro personas, presuntamente implicadas en dos casos distintos de falsos empadronamientos, cuyas finalidades eran la obtención fraudulenta de la nacionalidad española y la renovación de permisos de residencia. Las actuaciones han sido desarrolladas por la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de la Jefatura Superior de Policía de Melilla.

Ambas investigaciones reflejan el uso de documentos falsificados en trámites administrativos oficiales, lo que supone un delito de falsedad documental. En uno de los casos, se sumó también el de usurpación del estado civil.

La primera investigación se inició en abril de este año, a raíz de la denuncia de una ciudadana melillense que descubrió, al acudir a la Oficina de Gestión de Población, que había sido dada de baja del padrón municipal sin haberlo solicitado. Posteriormente se le informó de que figuraba empadronada en Barcelona, una circunstancia que desconocía completamente.

Los agentes de la UCRIF comprobaron los documentos vinculados al cambio de padrón y detectaron evidencias claras de falsedad documental. Según la Policía, el empadronamiento fue realizado de forma fraudulenta para favorecer a un ciudadano marroquí en su proceso de obtención de la nacionalidad española. El mecanismo incluía un matrimonio simulado con una mujer española residente en Barcelona, quien también ha sido detenida como presunta implicada.

La víctima, residente en Melilla, no tenía relación alguna con este proceso ni conocía a las personas involucradas. Todo apunta a que su empadronamiento fue utilizado sin consentimiento para dar veracidad a la documentación necesaria en el trámite migratorio.

Durante esta primera investigación, la Policía detuvo a dos personas. Una tercera, que también habría participado en el proceso de falsificación documental, no ha podido ser localizada aún. Se trata de una mujer que ya había sido detenida anteriormente en relación con estos hechos y sobre la que pesa una orden de detención.

El segundo caso fue detectado en julio, gracias a una comunicación anónima recibida a través de una plataforma de colaboración ciudadana de la Policía Nacional. La información alertaba de un posible fraude relacionado con un empadronamiento en un domicilio de Melilla por parte de un ciudadano marroquí con residencia legal en España.

La finalidad de este empadronamiento era renovar su autorización de residencia. Para ello, presentó un contrato de arrendamiento que fue analizado por la Policía, resultando ser un documento simulado. El supuesto arrendador, un ciudadano español propietario de una asesoría en Melilla, gestionaba esa vivienda en nombre de sus clientes y emitió un contrato falso para facilitar el trámite.

Ambos implicados fueron detenidos: el arrendador, por facilitar la documentación fraudulenta; y el arrendatario, por utilizarla en su proceso administrativo. La Policía confirmó que el contrato presentado no correspondía con una situación de residencia real, y que la vivienda nunca había sido habitada por el solicitante.

Ambos casos han sido puestos en conocimiento del Juzgado de Instrucción número 1 y número 4 de Melilla, respectivamente. Los juzgados han abierto procedimientos judiciales para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Estos nuevos casos se suman a una tendencia ya advertida por las fuerzas de seguridad. El pasado mes de julio, El Faro de Melilla informó del desmantelamiento de una red dedicada a realizar falsos empadronamientos con al menos una treintena de implicados. Las investigaciones demostraron entonces que muchos de estos fraudes se utilizaban para simular arraigo, justificar estancias o incluso tramitar matrimonios de conveniencia.

La Policía Nacional ha reiterado que seguirá trabajando para detectar y desmantelar este tipo de prácticas, que afectan tanto a la administración pública como a la convivencia vecinal. Asimismo, recuerdan a la ciudadanía que pueden colaborar de forma confidencial denunciando este tipo de delitos a través de sus canales oficiales.