Un 25,3% de los procesos de radicalización violenta que condujeron al reclutamiento y la implicación en actividades relacionadas con el terrorismo de los yihadistas condenados o muertos en España desde 2004 hasta 2018 comenzaron en Melilla y Ceuta, de acuerdo con el estudio de Yihadismo y yihadistas en España "Quince años después del 11-M", del Real Instituto Elcano.
La distribución de estos yihadistas según la comunidad o ciudad autónoma en que tuvo lugar total o parcialmente su radicalización dentro de España demuestra que ocho de cada diez experimentaron ese proceso solo en los territorios de Cataluña (27,4%), Madrid (26,9%), Ceuta (17,1%) y Melilla (8,2%). Las restantes comunidades autónomas donde se produjo algún proceso de radicalización quedan por debajo del 5% del total.
Es un proceso que, en el caso de Melilla y de Ceuta, se ha visto favorecido por la situación geográfica, las circunstancias socioeconómicas y la presencia de redes yihadistas transfronterizas.
De hecho, la provincia de Barcelona, la comunidad de Madrid y las ciudades de Melilla y de Ceuta acumulan poco más de la tercera parte (36,4%) de los musulmanes que viven en España.
Para la inmensa mayoría de ellos, el proceso de radicalización yihadista comenzó entre los 15 y los 35 años de edad y no todos se radicalizaron dentro de España. Eso ocurrió en el 60,4% de los casos. La radicalización aconteció a la vez en España y en algún otro país para el 25,7% del total, mientras que el 13,9% hizo suyas las actitudes y creencias del salafismo yihadista en otros países distintos de España.
La edad media al inicio del proceso de radicalización violenta para el conjunto de los yihadistas condenados y muertos en España a lo largo de los quince años que cubre este estudio fue de 24,7 años. Una quinta parte de ellos comenzó este proceso entre los 15 y los 17 años.
En tanto, una gran mayoría de los yihadistas condenados o muertos en España entre 2004 y 2018 (91,5%) se radicalizó en compañía de otros. Mientras, no más de un 8,5% del total se radicalizó por su cuenta, sin otra interacción que su propia exposición a la propaganda yihadista.
Además, un 45,8% del total de individuos estudiados se radicalizó en un entorno mixto (online y offline), el 29,1% de ellos se radicalizó en un entorno básicamente offline y el 25,1%, en un ámbito esencialmente online.
En cuanto a los escenarios offline de radicalización, los domicilios privados acumulan un 68,8% de los casos, y los lugares de culto y centros culturales islámicos, un 53,6%. Otros ámbitos offline fueron recintos al aire libre, excusiones, locales comerciales, centros penitenciarios y lugares de trabajo.
Mientras en la lista de organizaciones de referencia para los yihadistas en España predominan Estado Islámico (58,7%) y Al Qaeda (29,3%), poco más de un 8% de los yihadistas condenados o muertos en España entre 2004 y 2018 se implicó en solitario.
Puntualmente, cuatro de los implicados en solitario residían en la comunidad de Madrid y de los restantes, 13 se hallaban dispersos a lo largo del territorio español, incluyendo dos en la provincia de Las Palmas y uno en la comunidad de Asturias, Cádiz, Guipúzcoa, Islas Baleares, Murcia, Segovia, Sevilla, Valencia y Vizcaya, así como en las ciudades de Melilla y de Ceuta.
Entre los yihadistas condenados o muertos en España de 2004 a 2018, la pauta fue implicarse en células, grupos y redes (CGR), sobre todo de tamaño intermedio o extenso. Los yihadistas que se integraron en una CGR heterogénea (el 83,7%) son cinco veces más que los que pertenecieron a una homogénea (16,3%).
Al mismo tiempo, ocho de cada 10 de estos individuos estuvieron integrados en CGR actuaron en una o más jurisdicciones estatales además de la española, por lo que tenían un alcance transnacional.
Entre seis y siete de cada 10 yihadistas estuvieron inmersos (66,2%) en alguna CGR transnacional, cuyo alcance se extendía a Marruecos.
El 69,1% de los yihadistas condenados o muertos a lo largo de los 15 años analizados estuvieron implicados en CGR relacionadas con alguna organización yihadista con base en el exterior.
Entre cinco y siete de cada 10 formaron parte de CGR que llevaban a cabo tareas de radicalización violenta y reclutamiento (73,8%); finaciación y transferencia de fondos (52,4%), enaltecimiento de organizaciones yihadistas y difusión de su propaganda (51,3%), y el envío de individuos a alguna zona de conflicto (47,7%).
Asimismo, de dos a tres de cada 10 fueron miembros de CGR que llevaban a cabo tareas de entrenamiento y apoyo logístico, pero cuatro de cada 10 lo se integraron a CGR con funciones operativas que implicaban la ideación, la planificación, la preparación y la eventual ejecución de atentados en España (38,2%).
En términos de amenaza terrorista, esta cifra de implicados en CGR con funciones operativas de terrorismo en España confirmaba la voluntad de atentar dentro del territorio nacional y que, en mayor o menor medida, se habían acumulado capacidades para hacerlo.
Mientras que siete de cada diez mujeres se desplazaron, trataron de hacerlo o tenían voluntad de viajar a escenarios de conflicto armado, lo mismo ocurría solo para entre cuatro y cinco de cada diez hombres.
Asimismo, ocho de cada 10 de los yihadistas que se trasladaron hacia una zona de conflicto, lo intentaron o tenían intención de hacerlo, contaban, dentro o fuera de España y, aunque en mucha menor medida, fuera del mismo, con un entramado que facilitó, estaba facilitando o iba a facilitar su viaje.
En Melilla y Ceuta tenían presencia la mitad de las ocho redes yihadistas transfronterizas que, entre 2012 y 2018, fueron objeto de ocho de las 13 operaciones antiterroristas desarrolladas conjuntamente entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado españoles y sus equivalentes en Marruecos.
De manera concreta, Melilla estuvo afectada por tres de estas redes y Ceuta por dos de ellas, amén de que uno de los entramados estaba presente en ambas ciudades autónomas.
En junio de 2013, una de esas operaciones, la Operación Cesto, detuvo en Ceuta a ocho españoles, pertenecientes a una red yihadista cuyos integrantes marroquíes estaban en Castillejos y radicalizaban y reclutaban jóvenes, tanto en España como en Marruecos, para su traslado a Siria como Combatientes Terroristas Extranjeros (CTE).
Durante la Operación Azteca, en marzo de 2014, se desarticuló otra red dedicada a la radicalización y el envío, primero a Malí y después a Siria (incluso a Libia), de yihadistas de origen magrebí residentes sobre todo en Marruecos y algunos países europeos. Sus miembros actuaban desde Melilla y Al Arouit, próxima a Nador.
La Operación Azteca, desarrollada hasta septiembre de ese mismo año en Melilla y Málaga, además de sendas localidades más en Marruecos y Luxemburgo, localizó al líder de la red desmantelada, un español converso de origen belga, que había eludido su detención en territorio marroquí tras desarticularse parcialmente años antes la célula yihadista a la que pertenecía, con base en Larui. Reubicado en Melilla, se reactivó, recuperó el contacto con sus enlaces en Malí y prosiguió desde la ciudad española con las actividades de captación y envío de CTE a ese país saheliano, en cuyo norte se había establecido en 2012 un condominio yihadista.
Por otro lado, en mayo de 2014 la Operación Jáver detuvo en Melilla a seis miembros de una red cuyas actividades consistían principalmente en la captación y el traslado de CTE al norte de Malí. Sus integrantes desarrollaban también, en las cercanas localidades marroquíes de Farhana y Nador, encuentros con fines de adoctrinamiento y de entrenamiento.
También en Melilla se apresó, en el verano de 2015, como resultado de la Operación Kibera, a dos jóvenes españolas. Fueron detenidas cuando, en ruta hacia Siria e Irak, iban a cruzar a Marruecos, donde radicaban los dirigentes de la red yihadista que las había captado.
La Operación Kibera detuvo a 14 individuos residentes en cinco localidades españolas: Ceuta y Melilla, Barcelona, Girona y Las Palmas, y una en Alemania, que radicalizaban y reclutaban mujeres, tanto en un entorno online como en encuentros presenciales, para unirse en Siria.
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