CSIF reclama la inclusión de los funcionarios en las políticas de empleo del Gobierno

“Los empleados públicos no aceptarán quedarse al margen en el nuevo ciclo de crecimiento”, afirman.

El sindicato CSIF reclamó ayer al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no excluya a las Administraciones Públicas en las políticas de crecimiento y de creación de empleo que pretende impulsar el Ejecutivo. Criticó que en el acuerdo firmado con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme se relegue a un solo párrafo lo relativo a las políticas del sector público. “Los empleados públicos no van a aceptar quedarse al margen en el nuevo ciclo de crecimiento y de creación de empleo”, afirmó el sindicato en nota de prensa. Por ello, reivindicó que CSIF esté presente en las reuniones sobre diálogo social “al más alto nivel para dar voz a los empleados públicos”.       
El sindicato mayoritario en el sector público lamentó que Rajoy aún no se haya reunido con los representantes de CSIF. “El presidente del Gobierno no puede dar la espalda a 2,5 millones de empleados públicos y a sus familias”, recalcaron en nota de prensa.
“CSIF aspira a ejercer su responsabilidad, como no puede ser de otra manera y conforme a nuestra representatividad. El acuerdo firmado ayer  se apuntaba, en su último apartado y en apenas un párrafo, abordar las políticas salariales y de empleo en el sector público. Entendemos que este aspecto debe ser abordado al mismo nivel institucional y con la misma relevancia que el resto de las políticas y con los sindicatos representativos en este ámbito, como CSIF”.

Los primeros en sufrir recortes
El sindicato recuerda al presidente del Ejecutivo que los empleados públicos han sido los primeros en sufrir los recortes a causa de la crisis económica. Ahora que ya la economía española está dando los primeros signos de recuperación, “también debemos participar en las políticas de revalorización salarial, recuperación de las condiciones laborales y la creación de empleo”. Por último, CSIF recuerda que en los últimos años el funcionariado ha perdido cerca de un 30% de poder adquisitivo y cerca de 400.000 personas su empleo, lo que ha provocado “un deterioro de la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos”.