CSIF negocia un protocolo para asistencia a funcionarias víctimas de maltrato

El sindicato CSIF negocia un protocolo para que la Administración ofrezca asistencia jurídica y psicológica a las empleadas públicas que sufran violencia de género y que los centros de trabajo actúen de enlace con las oficinas de asistencia a las víctimas cuando se detecte un caso entre las trabajadoras.

En un comunicado, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha detallado que este protocolo, que podría ser pionero contra la violencia de género en el ámbito laboral, está incluido en el III Plan de Igualdad de Género para la Administración General del Estado que se está negociando. Este protocolo podría servir de referente tanto en el conjunto de las administraciones españolas como en la empresa privada.

El sindicato pretende que el protocolo permita asistir y acompañar a las víctimas que sean empleadas públicas de la Administración General del Estado. De esta manera, la víctima contaría con un lugar seguro que le ayudaría en la toma de decisiones, asistida por gestores y psicólogos que le asesorarían sobre el proceso judicial, así como de asistencia y acompañamiento en el caso de tener que interponer denuncia.

El III Plan de Igualdad también contempla la formación en violencia de género y el buen trato hacia la víctima por parte del personal de la Administración.

Se trata de concienciar y sensibilizar de las dificultades que atraviesan las mujeres que sufren violencia machista, además de dotar de técnicas de comunicación que contribuyan a empatizar y reforzar a las víctimas en su toma de decisiones (como es la interposición de denuncia). "En definitiva, se trata de que se sientan comprendidas y no cuestionadas por su entorno laboral", destaca CSIF.

El Plan también contempla promover la movilidad para empleadas públicas víctimas de violencia de género, así como establecer unas directrices claras para abordar situaciones de violencia de género: adaptar el trabajo, promover en su caso el teletrabajo, garantizar la información y el ejercicio de sus derechos, entre otros.

Además, se elaborarán pautas sobre cómo actuar en aquellas situaciones en las que víctima y agresor compartan centro de trabajo.