El sindicato CSI ha lamentado "profundamente" este miércoles la decisión de la Ciudad Autónoma de admitir a trámite el recurso de alzada interpuesto por la Asociación de Tropa y Marinería (ATME) por considerar que se vulneró el acuerdo entre el presidente de la Ciudad, Eduardo de Castro, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, según el cual se reserva el 15% de plazas en las oposiciones a la Administración local a personal militar con al menos 5 años de experiencia en las Fuerzas Armadas.
El sindicato sospecha que De castro firmó el convenio con Defensa sin tener claro el alcance del mismo o los requisitos a cumplir.
"Entendemos como un grave error del Gobierno de la CAM el reservar el 15% de todas las convocatorias de plazas de funcionarios y laborales, junto con la valoración como méritos por ser militar a unas personas que afortunadamente no tienen mermadas sus capacidades y posibilidades para opositar a estas plazas en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos y ciudadanas", señala la organización sindical en un comunicado de prensa.
En este sentido, explica que tienen "enormes dudas" sobre si este convenio se ajusta a la legalidad vigente ya que aseguran desconocer si previo a su firma, se han llevado a cabo los procedimientos establecidos en el Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla; BOME Extra núm. 2, de 30 de enero de 2017.
"Este tipo de convenio en los que se ven afectadas las formas de acceso a la función pública, son necesariamente objeto de negociación colectiva; Ley 7/1990 y en ningún momento se nos ha informado de la posible firma del convenio", recalcan desde CSIF.
Asimismo desde el sindicato recuerdan que reservar plazas más allá de lo establecido en la propia Ley, estaría vulnerando Derechos Fundamentales recogidos en la Carta Magna.
"Cuando se negociaron las actuales bases de Bomberos, se tenía que haber invocado la existencia del convenio, pero extrañamente la propia CAM desconocía la existencia de este acuerdo, por lo que nos hace pensar que el presidente de la CAM firmó este convenio sin saber exactamente el alcance del mismo", añaden.
"Nos consta que este tipo de reserva de plazas han sido rechazados por Tribunales Superiores de Justicia como el de Aragón, al extender sus efectos más allá de aquellos cuerpos en los que tengan el uso de armas y que sí está contemplado en la Ley", insisten.
Desde CSIF aseguran que van a defender la igualdad de acceso a la función pública de todos los ciudadanos y ciudadanas y afirman que desean que en el menor plazo posible los tribunales se pronuncien sobre la legalidad de este convenio, "sintiendo como nuestro el daño que se les está provocando a los opositores/as que tan duramente llevan años preparándose para optar en igualdad de condiciones a las plazas que se ofertan en la Ciudad".
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