CSIF denuncia que Educación excluye a los sindicatos de las oposiciones de 2026 en Ceuta y Melilla

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes (MEFPD) volverá a impedir la participación sindical en el diseño y desarrollo de los procesos selectivos docentes previstos para junio de 2026 en Ceuta y Melilla. Según la organización, el Ministerio no tiene intención de convocar una Mesa Sectorial, incumpliendo, a su juicio, el derecho a la negociación colectiva.

CSIF sostiene que, a diferencia de lo que sucede en las comunidades autónomas, donde las consejerías de Educación presentan un borrador de convocatoria y lo negocian con los sindicatos antes de su aprobación, en Ceuta y Melilla el Ministerio remite un documento cerrado para alegaciones. La organización sindical denuncia que estas alegaciones "nunca son tenidas en cuenta" y que, año tras año, el texto se publica sin modificación alguna en el Boletín Oficial del Estado, lo que convierte afirman el proceso en una formalidad sin valor real, según asegura esta organización.

Esta práctica, según el sindicato, vulnera sistemáticamente varios artículos del Real Decreto Legislativo 5/2015 del Estatuto Básico del Empleado Público, así como disposiciones clave de la Ley Orgánica 11/1985 de Libertad Sindical. Por ello, CSIF reitera su exigencia de que se convoque una Mesa Sectorial “real y efectiva” que permita debatir cuestiones fundamentales como la distribución de plazas, el calendario, los criterios de evaluación, la estructura de las pruebas o los baremos de méritos.

A pesar de su escepticismo respecto a la voluntad negociadora del Ministerio, CSIF presentará un nuevo paquete de alegaciones, que califica de “constructivas y orientadas a garantizar la transparencia, la equidad y la conciliación” en los procesos selectivos.

Una de sus principales propuestas es la modificación del sistema de selección de tribunales. Reclaman que todos los miembros pertenezcan al mismo cuerpo y especialidad que las plazas convocadas, lo que, en su opinión, aseguraría evaluaciones más rigurosas y homogéneas.

También consideran necesario sustituir el sistema de sorteo por letra, que determina los apellidos de quienes integran los tribunales, por un sorteo numérico que garantice la equiprobabilidad y evite desigualdades derivadas del orden alfabético.

Otras propuestas relevantes incluyen la exención de participar en tribunales para los jefes de estudios, tanto titulares como adjuntos, debido a la elevada carga administrativa que soportan al finalizar el curso. El sindicato también pide que queden exentos quienes ya hayan formado parte de tribunales de forma forzosa en 2025 y las funcionarias embarazadas que se encuentren en el quinto mes o más de gestación.

En materia de conciliación, CSIF solicita que pueda eximirse a uno de los progenitores si ambos son designados miembros del tribunal, y también al único progenitor en familias monoparentales con hijos menores de 12 años.

Además, el sindicato denuncia que las retribuciones que perciben los miembros de los tribunales no se actualizan desde hace más de dos décadas. Califican estas cuantías de “insuficientes”, teniendo en cuenta la responsabilidad y la carga de trabajo que implica participar en un proceso selectivo.

Finalmente, CSIF critica que tampoco se les permita asistir o participar en las reuniones previas que la Dirección Provincial mantiene con los tribunales. Consideran imprescindible que las organizaciones sindicales puedan estar presentes o al menos hacer llegar sus valoraciones sobre las instrucciones que se ofrecen a los tribunales, ya que, según denuncian, a menudo son interpretadas de forma desigual entre especialidades.

“Remitir alegaciones para no ser consideradas no es negociar. Con esta práctica no se ignora solo a las organizaciones sindicales, se ignora a los propios trabajadores públicos”, concluye CSIF, que insiste en la necesidad urgente de abrir espacios de diálogo y negociación para mejorar las condiciones laborales del profesorado en Ceuta y Melilla, territorios donde, según lamentan, se sigue negando un derecho que sí se respeta en el resto del país.