CSIF Educación de Melilla exigió ayer en un comunicado a la Dirección Provincial que anule la orden de matriculación extraordinaria de 700 alumnos emitida el pasado viernes 21. De no hacerlo así, el sindicato advirtió de que se reserva su derecho a actuar legalmente. “¿Quieren acabar con la escuela pública de Melilla?”, pregunta.
“La orden de escolarización masiva que ‘atiende al derecho a la educación’ vulnera el derecho a una educación de calidad del resto de alumnos de nuestra ciudad integrados ya en el sistema educativo”, apunta el sindicato.
El sindicato recuerda que la ciudad tiene la ratio más elevada de España, “rozando o atentando contra la legalidad”. “Con la actual orden de escolarización el problema se magnifica. Eso este curso; veremos en los sucesivos cursos, con el efecto llamada que se está provocando”, aseguran.
“Es maravilloso que se pueda dar entrada al sistema educativo español a tantos extranjeros y que se pueda uno cambiar tan felizmente de centro. La calidad ya da igual”, critica el sindicato, al tiempo que plantea si se tienen en cuenta los recursos de los centros. “¿Tenemos espacios? ¿Son adecuados?”, señalan en la nota, cuestionando si hay suficientes materiales didácticos para estos alumnos y preguntando si el Ministerio de Educación va a aumentar los presupuestos de los centros.
CSIF dice sentirse intrigado por el hecho de que cuando se cerró el proceso ordinario de escolarización no quedó ningún alumno de tres años al que asignarle centro, mientras que ahora se han cursado 127 órdenes de matriculación para niños de esta edad.
“¿Vamos a seguir observando con estupor como siguen lloviendo órdenes de escolarización a nuestros saturados colegios, sin que esto tenga un final?”, se preguntan.
El sindicato también señala que si alguien le ha explicado al Defensor del Pueblo que existe la Residencia de Estudiantes Hispanomarroquíes, para alumnos del país vecino que no tienen regularizada su residencia. CSIF dice que si no van a este centro “es porque no quieren”.
Además, aseguran que han detectado “dos posibles irregularidades”: con la orden dada, según apuntan, varios centros sobrepasarán en algunas unidades el número de alumnos máximo; y también creen que no se ha seguido el procedimiento porque no tienen constancia de que se haya convocado la comisión de garantías.
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